El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, denunció este lunes ante las Cortes Supremas de Justicia de la comunidad internacional, la situación que ocurre en el proceso de reclamación del territorio Esequibo.
En una carta — cita una nota de prensa del Poder Judicial —, el presidente del TSJ indicó que «Venezuela ha mantenido una lucha histórica, en la reclamación del territorio Esequibo, la cual siempre ha estado ceñida a los principios de racionalidad, equidad y justicia, procurando como única vía idónea para la solución de esta controversia, la conciliación de las partes, los mecanismos del diálogo, los acuerdos y el estricto apego a los supuestos en que se enmarca el derecho internacional».
En este sentido, Moreno explicó a la comunidad internacional que la soberanía sobre el territorio en reclamación con Guayana se fundamenta en hechos históricos y geográficos, por lo que la nación suramericana ha invocado — en reiteradas ocasiones — a los organismos competentes para solventar, por el camino del diálogo, la situación sobre el Esequibo.
«Venezuela ha invocado a su favor documentos tales como las Cédulas Reales, que confirman sus derechos históricos desde tiempos coloniales, lo cual constituye títulos legítimos de sus dominios, en el que convinieron todas las repúblicas suramericanas al terminar sus guerras de independencia, para conservar los territorios que correspondían a sus provincias bajo el antiguo dominio español», indicó en la misiva, citado por la nota de prensa.
El pasado jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la cual reitera que nuestro país nunca ha dado consentimiento a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que conozca sobre la controversia territorial con Guyana en torno al Esequibo, a la vez, que solicita sus buenos oficios para que se reinicien las conversaciones directas entre ambas naciones.
La misiva responde a la decisión de la CIJ del pasado 18 de diciembre, cuando se consideró competente en la materia y tomó como válido el Laudo Arbitral de 1899 que lesiona la integridad territorial de nuestro país.
