Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, reiteraron este jueves 19 de marzo ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York que carecen de recursos financieros para costear su defensa en el caso de narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos. A través de un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, la pareja manifestó su disposición a presentar pruebas de su situación económica si el tribunal así lo requiere.
Los abogados defensores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, argumentan que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro interfiere con el derecho constitucional de sus clientes al no autorizar que el gobierno de Venezuela sufrague los honorarios legales. Según el escrito, esta negativa vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, que garantiza el derecho a elegir la propia representación legal, y la Quinta Enmienda, referida al debido proceso.
Argumentos de la defensa y conflicto con la OFAC
La representación legal de Maduro y Flores sostiene que la propuesta del gobierno estadounidense de asignarles un abogado de oficio no representa una solución válida. Los abogados señalaron los siguientes puntos en su comunicación al juez:
- Derecho a la elección: Obligar a los acusados a aceptar una defensa no escogida por ellos constituye una violación a sus derechos fundamentales.
- Inconsistencia de la OFAC: La defensa recordó que, en ocasiones anteriores, la OFAC ha permitido que terceros sujetos a sanciones paguen honorarios legales de otras personas sancionadas, una flexibilidad que no se ha aplicado en este caso.
- Reconocimiento de la Fiscalía: Afirman que la propia Fiscalía reconoce el derecho de los acusados a solicitar que el Estado venezolano financie su equipo legal.
Desde 2015, la OFAC ha impuesto sanciones económicas sobre Venezuela, y el gobierno de los Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo del país. Bajo este contexto, la defensa solicita al juez Hellerstein el sobreseimiento de la causa, alegando que el proceso es «inconstitucionalmente defectuoso».
Como alternativa al sobreseimiento, han solicitado la realización de una audiencia para discutir estas limitaciones financieras y legales. Esta declaración se produce pocos días antes de la próxima audiencia del caso, programada para el 26 de marzo.
