Venezuela y Estados Unidos retomarán el proceso de diálogo, congelado tras su último desencuentro el pasado abril cuando Washington revirtió el alivio parcial de las sanciones otorgado en octubre a Caracas, al considerar que el Gobierno de Nicolás Maduro no cumplió, en su totalidad, con el Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales.
Si bien la Casa Blanca reconoció el cumplimiento de parte del acuerdo, como el establecimiento de un calendario electoral, manifestó que Caracas faltó a su compromiso de levantar las inhabilitaciones a varios opositores, potenciales candidatos a las presidenciales, como María Corina Machado, ganadora de las primarias antichavistas.
A continuación, las claves de la vuelta al diálogo, a menos de un mes de las elecciones venezolanas:
El momento
Maduro aseguró el lunes, al anunciar la vuelta al diálogo, que Washington le había insistido, «durante dos meses continuos», en el restablecimiento de las negociaciones y que, «luego de pensarlo», aceptó, cuando faltan menos de cuatro semanas para los comicios presidenciales.
El momento ha levantado todo tipo de suspicacias entre la población, que está dividida entre quienes ven el diálogo como algo positivo, sin más, y quienes consideran que forma parte de una estrategia electoral de Maduro -de la que desconfían- de cara a las presidenciales del 28 de julio.
Las razones
Estados Unidos insiste en la necesidad de «encontrar un camino hacia la gobernanza democrática a través de elecciones competitivas e inclusivas» en el país caribeño, para lo cual -dijo a EFE un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca- «se requiere de un compromiso serio».
Mientras, Maduro exige, sin mencionar el Acuerdo de Barbados, «que se cumplan los acuerdos de Catar» -que contemplan, fundamentalmente, levantamiento de sanciones- y se restablezcan «los términos de diálogo con respeto, sin manipulaciones».
Las sanciones
El Gobierno venezolano insiste en el levantamiento total de las sanciones, de manera incondicional, y asegura que cumplió siempre con todo lo pactado en los distintos encuentros y lo recogido en acuerdos suscritos, tanto con EE.UU. como con la oposición.
Sin embargo, la Casa Blanca, que reconoce el cumplimiento parcial del Acuerdo de Barbados, especialmente en lo referente a la programación de las presidenciales, rechaza que no se hayan levantado las inhabilitaciones administrativas a todos los opositores venezolanos, lo que supone -asegura- una competición desigual en los comicios.
Las inhabilitaciones
Venezuela levantó la inhabilitación administrativa a Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez y Rosa Brandonisio, así como al actual candidato a la Presidencia Daniel Ceballos, que no tiene opciones reales de ganar los comicios, según las encuestas publicadas y la popularidad registrada en actividades políticas y redes sociales.
Sin embargo, al exgobernador del estado Miranda (norte, cercano a Caracas) Henrique Capriles y a María Corina Machado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les ratificó la medida administrativa, bloqueando así cualquier aspiración a la Presidencia u otros cargos públicos de elección popular, un gesto que recibió la dura crítica de la Casa Blanca.
Las elecciones
Maduro, que busca su segunda reelección consecutiva, continúa haciendo planes a futuro como presidente del país, asumiendo su victoria el 28 de julio, una gesta que, objetivamente, en unas elecciones democráticas, ningún candidato tiene garantizada hasta que concluya la jornada electoral y se haga recuento de votos.
La confianza del candidato oficialista en su triunfo levanta todo tipo de sospechas entre la ciudadanía, así como entre políticos opositores, sobre todo teniendo en cuenta que el índice de popularidad de su más directo competidor, Edmundo González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se ha multiplicado en las últimas semanas.
