Estados Unidos pidió este miércoles, durante una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la «liberación incondicional» de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en cárceles venezolanas.
«Aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta a la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos», afirmó el embajador estadounidense Leandro Rizzuto durante una sesión de la OEA convocada para abordar el asunto de los presos.
Rizzuto también aseguró en su intervención que «abordar las detenciones políticas será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela».
Además, añadió que Estados Unidos advierte a «todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y abuso de poder que serán plenamente responsables de sus actos y que apoya firmemente al pueblo venezolano y a las instituciones de esta organización que promueven la estabilidad regional y defienden la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho».
Antes de la intervención de Estados Unidos, compareció la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mees, quien aseguró que se han liberado 143 presos políticos y no los 406 que afirma el Gobierno que preside de manera encargada Delcy Rodríguez.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reunió ayer con el presidente de la OEA, Albert Ramdin, y denunció desde Washington que el gobierno venezolano «ha manipulado la situación» en Venezuela y que «no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos».
Unas horas después de estas declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en cambio que el Gobierno de Rodríguez, ha liberado a «muchos» de ellos
De Mees apeló a las informaciones y los datos de organizaciones internacionales, como Human Rigths Watch (HRW), que abundan en la existencia y el mantenimiento de instalaciones en Venezuela en las que se vulneran los derechos humanos.
La relatora para Venezuela insistió en la necesidad de «transparencia y claridad» de las autoridades venezolanas e insistió en la necesidad de visitar Venezuela para conocer la situación de primera mano.
De hecho, De Mees explicó el pasado mes de octubre que la última visita de la Comisión a Venezuela «tuvo lugar en 2002, hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada».
Asimismo, se pronunció el segundo vicepresidente y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, quien mostró su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela que se han convertido en «un patrón usado por el régimen venezolano».
Además de estas intervenciones, el resto de países que forman parte de la OEA manifestaron su condena a la existencia de presos políticos en Venezuela y mostraron su disposición a colaborar para su liberación apelando al derecho internacional, sumándose a la postura de Argentina que fue el país que solicitó incluir en el orden del día de la reunión sobre el asunto.
En la sesión de este martes Venezuela no estuvo presente, ya que en 2017 el Gobierno de Nicolás Maduro denunció la Carta de la OEA para retirar al país del organismo e inició formalmente el proceso de salida.
EFE.
