Aseguran los países miembros del organismo que las medidas afectan los derechos humanos
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), manifestaron este martes su preocupación, al considerar que se han recrudecido las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y otros gobiernos, a pesar de la situación de la pandemia.
Mediante un comunicado, publicado por el portal web de la Cancillería venezolana, el ALBA-TCP señala que estas medidas «pretenden socavar la capacidad de respuesta de los países y ocasionar así indecibles sufrimientos a toda la población».
A continuación el texto íntegro:
ALBA-TCP se pronuncia sobre la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en el contexto de la pandemia
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP) manifestamos nuestra preocupación por el recrudecimiento de la grave crisis generada por la pandemia del Covid-19 que ya ha provocado más de dos millones de muertes, alcanzando la escalofriante cifra de más de 11.000 personas muertas por día en lo que va del año 2021 y que requiere de los esfuerzos y respuestas globales basados en la unidad, la solidaridad y la cooperación.
Reiteramos que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en el contexto de una pandemia tiene como objetivo: debilitar el papel central del Estado, impedir el desarrollo de estrategias nacionales que fortalezcan los sistemas de salud y protección social, obstaculizar el acceso universal, en condiciones equitativas y asequibles, a las vacunas y tratamientos desarrollados para el enfrentamiento a la COVID-19.
En síntesis, pretende socavar la capacidad de respuesta de los países y ocasionar así indecibles sufrimientos a toda la población. Subrayamos que esas medidas, de marcado carácter extraterritorial, persiguen erosionar el ejercicio de la solidaridad y la cooperación internacional, privando a los pueblos de los beneficios de los mecanismos de la Cooperación Sur-Sur. Condenamos, en ese sentido, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y subrayamos sus agravadas consecuencias en el contexto de la actual pandemia de la COVID-19.
Estas medidas, tienen un claro impacto en el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos. Impide, de manera deliberada, el derecho a la salud y a la vida. Instamos a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar de modo unilateral medidas económicas, financieras o comerciales, especialmente en la situación sanitaria actual, tal y como reza la resolución 74/306 de la propia Asamblea General, titulada “Respuesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”
Recordamos el llamado realizado a todos los Estados, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 75/181, a que cesen de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, en particular las de carácter coercitivo, así como todos los efectos extraterritoriales consiguientes, impidiendo así la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de las personas y los pueblos al desarrollo.
Recordamos, también, los pronunciamientos del Secretario General de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como las relatoras especiales sobre el Derecho a la Alimentación y sobre la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, en los que se aboga por el cese de estas políticas. Exigimos el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales, que pretenden impedir a los países afectados enfrentar de forma efectiva al Covid-19. En este contexto, reiteramos nuestro enérgico rechazo a la imposición de estas medidas, que afectan los derechos humanos y obstaculizan el pleno desarrollo económico y social de los pueblos sometidos a ellos, además que violan el Derecho Internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Caracas, 26 de enero del 2021
