Al-Nashif aseguró que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque «queda mucho por hacer»
La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó en medio de un debate sobre la situación de Venezuela que en el país celebre unas elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas», cuando se lleven a cabo el próximo 28 de julio.
Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores volver al país, después que fueran expulsados en febrero.
«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente», señaló Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta ante el Consejo, en referencia a la expulsión.
Las autoridades venezolanas obligaron a 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo de 72 horas, luego que el presidente Nicolás Maduro, les acusara de espionaje y conspiración, reseña la agencia EFE.
Pese a las tensas relaciones entre la ONU y Venezuela actualmente, Al-Nashif aseguró que se han presentado «cambios positivos» en el país, aunque «queda mucho por hacer».
En ese sentido, indicó que en 2023 no se registró, como sucedía anteriormente, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes, pero se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias a algunos participantes en esas protestas.
También denunció que se mantiene una represión a defensores de los derechos humanos, que son víctimas de detención arbitraria y amenazas por parte de las autoridades venezolanas, citando casos de los perseguidos activistas Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Volker Türk, número dos de la oficina que dirige el alto comisionado, también manifestó la preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.
Al-Nashif subrayó como un paso adelante la firma de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática, que se celebró en octubre pasado, aunque hizo un llamamiento a que «se apliquen plenamente de buena fe».
En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34 personas, pero «la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales».
Al-Nashif agregó que desde enero de 2023 la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas se seguridad.
«Permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», agregó la responsable de Naciones Unidas, que lamentó que las autoridades venezolanas ocultaran estas detenciones y presentaran cargos contra los arrestados por presunta conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición o lavado de dinero.
La alta comisionada adjunta también indicó que la oficina recibió denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia que en algunos casos podrían constituir tortura.
«Es especialmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», indicó.
Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela incrementa los problemas preexistentes del país y «han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población», así que reiteró el llamado de la oficina de la ONU a que sean anuladas.
En respuesta a esta presentación, la delegación de Venezuela ante el Consejo dijo que este informe fue patrocinado por países acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de los países, en lugar de optar por «un diálogo genuino y la cooperación».
Sobre el eventual retorno del personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, señaló que se han mantenido conversaciones con esta instancia para «vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica (…), sin injerencias ni parcialización política».
