La Fiscalía de EEUU solicitó este miércoles formalmente a la corte una orden de protección sobre el material probatorio en el caso contra Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, alegando «riesgos significativos» para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.
En una carta dirigida al juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York defiende la necesidad de imponer restricciones estrictas sobre lo que denomina «material de divulgación», ya que sostiene que las pruebas contienen información que podría identificar a testigos vulnerables a «intimidación u obstrucción», y cuyas vidas y propiedades estarían en peligro sin estas medidas.
El punto clave radica en la intención de la defensa de compartir pruebas con otros cuatro acusados que se encuentran fuera del alcance de la justicia estadounidense: el aún ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; el hijo del acusado, Nicolás Maduro Guerra; y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
«La Fiscalía no está preocupada por la buena fe de los abogados defensores; está preocupada por la buena fe de los coacusados», reza el documento legal.
Según el documento, existe un «riesgo intolerable» de que estos individuos utilicen la información para dañar a testigos o destruir pruebas.
En tanto, la orden propuesta establece varios niveles de confidencialidad para los documentos que la Fiscalía entregará a la defensa.
El «material sellado» es para la información que identifica a testigos en riesgo, pero que no puede publicarse en internet ni en medios de comunicación.
Por su parte, los documentos solo para posesión del abogado (APO, por sus siglas en inglés), es material que solo podrá ser visto si Maduro y Flores están en presencia de sus abogados.
Mientras que el material para ojos del abogado (AEO) es información de seguridad crítica que no puede ser compartida ni siquiera con los propios acusados.
No es la primera vez que la Fiscalía busca prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados.
La última vez fue en la segunda audiencia del caso la semana pasada en una corte de Nueva York.
El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, no dio una decisión final sobre este asunto, pero anotó que no es lo mismo «hablar» con el cliente que «compartir» información.
Hellerstein, además, descartó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, aunque cuestionó la vigencia de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.
A pesar de ello, el juez no tomó ninguna decisión final sobre el tema, aunque prometió emitir una decisión oficial pronto.
