El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desestimó este martes las declaraciones recientes de la funcionaria Delcy Rodríguez, quien aseguró que no recibiría órdenes de la Casa Blanca. Durante un breve contacto con la prensa desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense restó importancia a los señalamientos de la presidenta interina y reafirmó el control político que su administración ejerce sobre la transición en el país suramericano.
La respuesta de Trump se produce en un clima de alta tensión institucional, luego de que Rodríguez intentara marcar distancia operativa respecto a las directrices emanadas de Washington tras los eventos del pasado 3 de enero.
Con su estilo característico, el mandatario estadounidense minimizó el tono desafiante de la funcionaria venezolana, sugiriendo que la realidad operativa del país, especialmente en materia económica y petrolera, depende de las decisiones tomadas en EEUU.
«Escuché lo que dijo, pero la realidad es otra. Ella hará lo que sea necesario para que el país funcione bajo los términos que hemos establecido. No estamos aquí para jugar, estamos aquí para obtener resultados y recuperar el orden», aseveró Trump.
La desestimación de Trump coincide con la implementación de licencias especiales por parte del Departamento del Tesoro, que han otorgado el manejo de la comercialización del crudo venezolano a gigantes europeos como Vitol y Trafigura.
Analistas coinciden en que, a pesar del discurso de soberanía de Rodríguez, el flujo de caja y la logística de exportación de Pdvsa se encuentran actualmente bajo la supervisión directa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
- Contexto: Rodríguez se desempeña actualmente como presidenta interina y ministra de Petróleo, intentando gestionar una administración que, según Washington, debe facilitar la salida de inventarios bloqueados y la reestructuración de la deuda.
- Presión diplomática: Trump reiteró que su estrategia no cambiará y que las metas de producción y exportación fijadas en el acuerdo de los 50 millones de barriles son de cumplimiento obligatorio para garantizar la estabilidad regional.
Mientras desde Caracas se emiten comunicados que enfatizan la independencia de mando, en Washington se mantiene la narrativa de una tutela administrativa necesaria para la normalización del mercado energético. La Casa Blanca ha dejado claro que la prioridad es el drenaje de los inventarios de crudo y el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales.
