El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes las sanciones que Canadá impuso contra 43 altos funcionarios venezolanos, incluidos los máximos responsables de los servicios de Inteligencia
En un comunicado, la cancillería venezolana «rechaza categóricamente la ilegal aplicación de medidas coercitivas» por parte de Canadá y acusa al Gobierno de Justin Trudeau de «violar descaradamente el derecho internacional, hundiendo las históricas relaciones de amistad» entre ambos países.
La llamada revolución bolivariana dice que Trudeau, «en su afán por demostrar fidelidad a la agresión imperial (de Estados Unidos) contra Venezuela», ha «anulado a Canadá como un actor confiable para el diálogo, la diplomacia, la paz y el respeto a la democracia en la región», expresa el comunicado.
«Su alianza con criminales de guerra que han declarado su intención de destruir la economía venezolana para infligir sufrimiento al pueblo y saquear las riquezas del país, evidencia la hipócrita actitud del Gobierno de Ottawa en su impostada preocupación por los derechos humanos», prosigue el escrito.
El Ejecutivo venezolano además considera que las cuatro rondas de sanciones que Canadá ha impuesto contra decenas de sus funcionarios muestra «que es la ambición corporativa la que está detrás de su calculado apoyo a la agresión política y económica contra Venezuela».
En el escrito se acusa a Trudeau de «acompañar la aventura guerrerista y criminal de Donald Trump», a quien el Gobierno chavista considera el principal promotor de acciones en su contra.
Entre los sancionados se encuentran Manuel Gregorio Bernal Martínez, antiguo director del Servicio de Inteligencia Bolivariano, que en julio pasado fue ascendido al grado de mayor general; e Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
También está Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Hildemaro José Rodríguez Múcura, comisario del Sebin, y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de una unidad de la Policía Nacional de Venezuela.
En las anteriores rondas de sanciones, Canadá ya había castigado a 70 funcionarios con medidas similares, que impiden a individuos o entidades canadienses mantener relaciones financieras con los sancionados.
Ottawa justificó la inclusión de otros 43, entre los que hay también gobernadores regionales, en la lista de sanciones porque son «responsables del deterioro de la situación en Venezuela».
