La ONG de Venezuela Fundaredes exigió este jueves la libertad de su director, Javier Tarazona, al cumplirse cinco meses de su detención, bajo la acusación de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».
«Hoy se cumplen cinco meses de arbitraria detención de Javier Tarazona, director general de Fundaredes, y de un proceso absolutamente viciado también contra Omar García y Rafael Tarazona, excarcelados pero bajo régimen de presentación», indicó la organización en su cuenta de Twitter.
La ONG indicó que en 12 oportunidades ha sido diferida la audiencia preliminar de Tarazona, su hermano Rafael y Omar García, a quienes se les sigue un proceso «carente de toda legalidad y se les han vulnerado todos sus derechos fundamentales».
Los activistas fueron detenidos el pasado 2 de julio, cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del costero estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, según denunció entonces Fundaredes.
El pasado 26 de octubre, Rafael Tarazona y García fueron excarcelados, aunque deben acudir ante los tribunales cada ocho días, según informó el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.
Javier Tarazona se mantiene recluido en el Helicoide, un centro de detención del Sebin, en Caracas, en la parroquia San Agustín.
La organización sostuvo que Tarazona padece hipertensión con dislipidemia y que estando en la cárcel su situación se ha agudizado con problemas cardiovasculares, arritmias cardíacas, «que ponen en riesgo su vida y su integridad».
Asimismo, dijo que centenares de organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y cuerpos diplomáticos se han pronunciado en favor de la libertad plena e inmediata de Tarazona, «se alerta una vez más al mundo el peligro que corre su vida en medio de su arbitraria detención».
«La Misión de Naciones Unidas en su informe mencionó el caso de los activistas de Fundaredes, al indicar que políticos de alto nivel influyen en la acción penal, además de referir que se les ha negado el derecho a escoger un abogado de su confianza», añadió.
Fundaredes sostuvo que mantener detenidas a personas que se desempeñan como defensores de derechos humanos, es parte del «hostigamiento que ejerce el Estado venezolano para evitar que se conozcan los casos de vulneraciones que se cometen en el país».
Agregó que para este jueves está fijada, por décimo tercera ocasión, la audiencia preliminar de los tres activistas.
El pasado 26 de noviembre, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció que la Justicia venezolana aplazó por duodécima vez la audiencia preliminar de los miembros de Fundaredes, porque funcionarios del Sebin no trasladaron a Javier Tarazona hasta el tribunal.
Javier Tarazona fue la principal voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure, sector La Victoria (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
EFE
