Para ese año , en Fe y Alegría la meta eran 180 días efectivos de clases. Noelbis Aguilar detalló que, en promedio nacional, solo se cumplieron 154 días de clases.
Cecodap presentó este jueves 3 de octubre el informe Somos Noticia 2018, el cual abarca tres capítulos; educación, salud y salud mental en Venezuela, bajó el contexto de la emergencia humanitaria compleja.
La presentación del tema educativo estuvo a cargo de Noelbis Aguilar, directora nacional del programa de escuelas de Fe y Alegría, quien detalló que la matrícula de directivos y docentes en 2018 se ubicó en 6.080, estudiantes; 109.441, personal administrativo, y obrero; 2.609.
Para el año 2018, en Fe y Alegría la meta eran 180 días efectivos de clases. Aguilar detalló que, en promedio nacional, solo se cumplieron 154 días de clases. Las mayores problemáticas que afectaron los días de clases fueron las suspensiones por elecciones, la falta de recursos económicos en el país y el déficit en los servicios públicos.
La asistencia estuvo entre 70% y 80%, según Aguilar, «nunca se llegó a alcanzar 100%». El ausentismo estuvo entre 20% y 30%, la mayoría de las ausencias se debieron, según Fe y Alegría, a la situación económica en los hogares; el déficit en los presupuestos para cubrir los gastos en salud, vestido, calzado; enfermedades que se fueron incrementando debido a la situación y el contexto de crisis; el déficit en los servicios que cada vez se fueron agudizando, sobre todo en el interior del país y el proceso migratorio que se notó con mayor ascenso en 2018.
En cuanto a la movilidad en la matrícula, la organización educativa indicó que a pesar de «todo el trabajo que hace Fe y Alegría» tuvieron una deserción escolar de 1.411 estudiantes.
Esta cifra pudiera parecer insignificante ante una matrícula total de 109.000 estudiantes, pero Aguilar indica que para Fe y Alegría, «cada estudiante importa». Las mayorías de estas deserciones se dieron en la media general y en la media técnica, esto es grave, porque Aguilar explica que la mayoría se fue para insertarse en la economía informal y así poder ayudar en sus hogares.
Niños y adolescentes dejados atrás
El informe publicado por Cecodap, en conjunto con Fe y Alegría para la parte educativa, estima que 4.444 estudiantes se encontraban «dejados atrás» debido a la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
«Los niños trataban de no dar a conocer quiénes los cuidaban en ese momento. Nos dimos cuenta por las actitudes que fueron asumiendo los niños, a nivel emocional pero también en rendimiento, en las atenciones, cuidado de su vestimenta y alimentación», dice Noelbis Aguilar, al explicar que esa situación los llevó a establecer estrategias de atención y convocatoria a las personas que quedaron bajo la responsabilidad de esos niños y adolescente.
La movilidad
Según el informe, la movilidad promedio en las escuelas de Fe y Alegría fue de 1.182 estudiantes retirados, en preescolar y media general (bachillerato). «Algunos se fueron a otras ciudades del país y otros se iban de Venezuela», dijo Aguilar.
Sobre la movilidad del personal docente, administrativo y obrero, la investigación plantea que el año pasado, de los 6 mil trabajadores en cargos directivos y docentes Fe y Alegría registró 1.480 renuncias en promedio, más 92 bacantes en puestos de obreros y 120 de personal administrativo.
«Un directivo tiene que atender lo propio de la gestión escolar, pero ahora tiene que atender a grupos de estudiantes. Con los docentes esto cada vez se va agravando más. Su salario no alcanza, actualmente se ubica entre 2 y 3 dólares y obviamente las razones sobran para verse en la necesidad de buscar otras opciones. En el personal administrativo también hemos tenido importantes renuncias», dijo.
Qué está afectado el derecho a la educación
Si bien, Noelbis Aguilar plantea que desde Fe y Alegría no están resolviendo el problema en general, sí están generando una serie de estrategias para mitigar los efectos de la crisis venezolana dentro de sus planteles educativos, entendiendo que Fe y Alegría atiende a población vulnerable que percibe apenas salario mínimo o es beneficiaria de los bonos gubernamentales.
«La situación política y económica impactó muy fuertemente en 2018. Mes a mes afecta cada vez más a las escuelas debido al incremento de los indices de empobrecimiento adquisitivo en las familias», dice Aguilar.
Inseguridad, colapso de los servicios públicos, la proliferación de epidemias, el proceso migratorio, son parte de las afectaciones. El deterioro progresivo de las infraestructuras, la falta del mantenimiento correctivo, la poca dotación de insumos y la escasez de material educativo también son parte de las problemáticas que están aquejando a las unidades educativas del país.
Aguilar cuenta, que con respecto al servicio educativo, a pesar de que Fe y Alegría es subvencionada por el Estado, «los desembolsos son insuficientes para cubrir gastos de funcionamientos y para pagar sueldos y salarios».
Recomendaciones
El informe también plantea diversas recomendaciones para aplicar en los planteles durante este contexto de crisis:
- Desarrollar capacidades en los equipos para gestionar desde un contexto de emergencia que requiera mayor flexibilidad, creatividad, y reflexión.
- Generar acciones de incidencia pública en defensa de la educación.
- Generar una cultura de levantamiento de datos y sistematización de información que facilite documentar, visibilizar las buenas practicas que inciden en garantizar el derecho a la educación y a la toma de decisiones de manera oportuna.
- Promover el trabajo en red con otros actores y organizaciones de la sociedad en defensa del derecho a la educación.
- Promover que las escuelas sean amigables y de protección en contextos de emergencias contribuyendo al desarrollo de competencias fundamentales y habilidades para la vida, brindando oportunidades a los niños y adolescentes.
- Desarrollar programas de bienestar socio-laboral que mejore las condiciones salariales de los trabajadores de la educación.
- Garantizar los servicios de alimentación y asistencia de salud a los niños y adolescentes.
- Generar estrategias para formar e informar a los actores de la comunidad educativa como agentes de protección de los niños y adolescentes.
- Desarrollar políticas de atención a las familias más vulnerables para garantizar el derecho a la educación de los hijos.
