En una rendición de cuentas realizada en julio ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 los documentos presentados corresponden a la gestión de algunas de las instancias vinculadas del equipo de Juan Guaidó, sin embargo no se conocen las rendiciones del Contralor Especial, del Consejo Nacional de Defensa Judicial y de la propia Presidencia
El 17 de marzo de 2021 la ONG Transparencia Venezuela exhortó a los responsables del Fondo para la Liberación de Venezuela de la obligatoriedad de la rendición de cuentas, mediante petición de información.
Igualmente, publicó una serie de sugerencias con contenidos mínimos que deberían considerarse en documentos presupuestarios, mismos que se fundamentan en las buenas prácticas internacionales.
«Sin embargo, ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión. No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”, señala Transparencia.
El alerta de Transparencia:
La opacidad constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción. La opacidad es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático, donde activos e intereses públicos no son propiedad de los gobernantes, quienes no pueden decidir libremente sobre ellos y deben responder a instituciones y a ciudadanos.
Los organismos públicos deben tener la capacidad y autoridad para controlar y proteger bienes públicos con transparencia y efectividad. El Gobierno interino debe entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias.
Luego de más de dos años de gestionar recursos públicos, se debe encontrar mecanismos para rendir cuentas de calidad y divulgar la información pública superando el argumento de ´cuidar a los beneficiarios de represalias de Maduro o exponer los recursos a los acreedores´, para no revelar datos y detalles relevantes. La opacidad por seguridad no se puede seguir usando, mientras no se ha fortalecido un sistema de contraloría independiente.
-Hacemos un llamado al Gobierno interino, a su presidente Juan Guaidó, y a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 que respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas.
Todo gobierno debe revisar con regularidad los procesos internos y aplicar los controles, con la más estricta disciplina, a fin de lograr eficazmente los objetivos de protección y desarrollo que persigue.
La misma exigencia hacemos al gobierno de Nicolás Maduro, quien tiene a su cargo la gran mayoría de los recursos financieros del país, cientos de entes públicos y más de 900 empresas propiedad del Estado, de los cuales el país desconoce su gestión desde hace más de 10 años. Una práctica tan recurrente como opaca, que en el último lustro ha llegado al punto de convertir las leyes de presupuesto y endeudamiento en secretos de Estado.
La propuesta que se viene discutiendo desde hace más de un año, de creación de un fondo especial bajo resguardo de una organización internacional para uso exclusivo en ayuda humanitaria, debe ser sometida a un amplio e inclusivo debate que renueve la confianza y garantice la efectividad de los recursos tan preciados para el bienestar de los venezolanos-.
