“El Departamento del Tesoro tiene el compromiso de asegurar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano que continúa sufriendo como resultado de los malos manejos y la corrupción del exrégimen ilegítimo de Maduro», expresaron en un comunicado
La Oficina de Control de Activos Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU publicó este martes 6 de agosto las excepciones que permitirán «transacciones relacionadas a la ayuda humanitaria con el fin de continuar apoyando al pueblo de Venezuela y asegurar que las actividades de ayuda humanitaria legítima no sea afectada por las sanciones de EEUU».
“El Departamento del Tesoro tiene el compromiso de asegurar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano que continúa sufriendo como resultado de los malos manejos y la corrupción del exrégimen ilegítimo de Maduro. Es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren como consecuencia de la crisis económica fabricada por Maduro”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera de la administración Trump.
Según el texto, Washington apoya al «presidente interino Juan Guaidó en sus esfuerzos para garantizar que los alimentos, la ayuda y recursos internacionales lleguen a los venezolanos en condición de vulnerabilidad».
Las regulaciones de la Ofac y las licencias generales permiten que personas estadounidenses continúen proporcionando apoyo humanitario a los venezolanos, incluidas transacciones a través del sistema financiero de EEUU para ciertas actividades autorizadas relacionadas con alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos; remesas personales no comerciales; organizaciones internacionales; telecomunicaciones y correo; Internet; servicios médicos; y organizaciones no gubernamentales.
«En todos los programas de sanciones, mantenemos el compromiso de trabajar con el sector privado para aclarar las regulaciones de sanciones de EEUU y promover un método basado en el riesgo para hacer cumplir las sanciones, incluidos los casos de suministro de ayuda humanitaria», explicaron.
