«Hemos podido ejercer la defensa de los intereses legítimos de los venezolanos, y por lo tanto evitamos la ejecución inmediata de los activos de Pdvsa, y conseguido nuevas alternativas para proteger el patrimonio nacional», dice parte del comunicado del Centro de Comunicación Nacional
El Tribunal de Delaware, en Estados Unidos, donde se registra la demanda de Crystallex contra Venezuela, permitirá al equipo del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, plantear nuevos alegatos en el caso, lo que supondría una reapertura del debate judicial.
Así lo informó a través de un comunicado el Centro de Comunicación Nacional liderado por el presidente del parlamento, en el que afirmó que la canadiense no podrá ejecutar el embargo de las acciones de Citgo debido a las sanciones de Estados Unidos.
El texto destaca que el equipo del líder opositor ahora cuenta con nuevas herramientas y posibilidades para defender el patrimonio de la República en el exterior.
Recuerdan que el juicio de Crystallex contra el país inició en 2017 y en 2018 un Tribunal de Delaware autorizó a la minera canadiense a embargar acciones de PDV Holding, propiedad de Citgo y Pdvsa, para cobrar 1.400 millones de dólares que se adeudan producto de la expropiación de sus activos en 2008.
El pasado lunes 29 de julio el tribunal confirmó la sentencia en medio de un proceso que «había avanzado desfavorablemente» para el país, e incluyó un acuerdo de pago del Gobierno de Nicolás Maduro por más de 400 millones de dólares para subsanar el reclamo, acción que catalogan de irresponsable.
«Hemos podido ejercer la defensa de los intereses legítimos de los venezolanos, y por lo tanto evitamos la ejecución inmediata de los activos de Pdvsa, y conseguido nuevas alternativas para proteger el patrimonio nacional», dice parte del comunicado.
Asimismo, señala que el procurador especial José Ignacio Hernández actuó de manera ética y legal al inhibirse oportuna y formalmente de las actuaciones relacionadas con el caso desde el pasado mes de marzo, y que fue en el año 2017 cuando emitió un informe experto independiente sobre el régimen jurídico aplicable a Pdvsa.
