Corría el mes de febrero de 1989 cuando Carlos Andrés Pérez planteó «El Paquetazo», una serie de medidas económicas de corte neoliberal que el pueblo de Venezuela no vio con buenos ojos su ejecución y se desataron una serie de disturbios en varios estados del país con secuelas muy lamentables
Hace 35 años Venezuela vivió una explosión social que aún es recordada por todos. En su momento fue llamada “El Sacudón”, luego “El Caracazo” y más tarde, cuando se corroboró el exceso de fuerza utilizado por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, “La Masacre del Caracazo”. Fue en el segundo mes del año 1989, exactamente el 27 de febrero, pero se extendió hasta mediados de marzo.
Las cifras oficiales reportan 276 muertos, pero luego de la aparición de fosas comunes en el Cementerio General del Sur, algunos informes extraoficiales estiman más de 3.000 fallecidos. En la actualidad hay familiares que no saben el paradero de los cuerpos, o en este caso, dónde reposan las osamentas de sus seres queridos.
Los hechos
La historia señala que el 27 de febrero de 1989 un número indeterminado de personas de los estratos populares iniciaron una serie de disturbios en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo.
Dichos disturbios se propagaron después a otras zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, Catia, Coche y El Silencio. Además de La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida, Maracaibo y las zonas adyacentes a los terminales de transportes.
Según la reseña de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), las protestas consistieron en la quema de vehículos destinados al transporte urbano, el saqueo y la destrucción de locales comerciales, hechos que produjeron cuantiosos daños a propiedades públicas y privadas.
Parte del extracto de esa sentencia indica que “el control de la situación se encomendó a fuerzas militares, para lo cual se trajeron del interior del país, aproximadamente nueve mil efectivos. Dichas fuerzas militares estaban integradas por jóvenes de 17 y 18 años reclutados en febrero de 1989«. Es decir que tenían poca experiencia «y fueron equipados con armas de asalto (FAL o Fusil Automático Ligero, 7.62mm) para controlar la población civil y vehículos blindados AMX-13. Sin contar que una buena parte de la Policía Metropolitana estaba en huelga por los bajos sueldos que percibían y era la que debía salir a contener a los manifestantes”.
“El 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, el cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías establecidas en la Constitución venezolana de la época (1961): libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10); inviolabilidad de domicilio (artículo 62); libertad de tránsito (artículo 64); libertad de expresión (artículo 66); derecho a reunión (artículo 71) y derecho a la manifestación pacífica (artículo 115)”, dice parte del texto.
Las garantías constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989. Las Fuerzas Armadas de Venezuela durante los 23 días, que duró la suspensión de garantías y, particularmente, a partir del 1 de marzo de 1989, tuvieron el control del territorio y de la población. También dispusieron para los primeros días un toque de queda que obligaba a la personas a permanecer en sus casas entre las 6 p.m. y 6 a.m. Durante el período de excepción los órganos de seguridad del Estado, conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, realizaron una serie de operativos para reprimir los actos violentos.
El resultado ya se sabe: ejecuciones extrajudiciales, violación de los derechos humanos, a la integridad física, a los hogares y más muerte que orden.
Antecedentes
La economía venezolana vivía una crisis y los analistas la vinculan con el endeudamiento en el que incurrió el país luego del denominado boom petrolero en los años 70. La economía se percibía inestable debido a su dependencia de la volatilidad de los precios del petróleo.
A merma en los precios del crudo ralentizó la economía mientras el Estado venezolano aumentaba sus gastos. La devaluación de la moneda en 1983 es atribuida a este fenómeno. Las gestiones de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no lograron frenar la dinámica inflacionaria, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional.
Ángel González, investigador social y analista político, coincide con lo escrito anteriormente. “Hay que tener en cuenta que Carlos Andrés Pérez era el presidente que acababa de ganar dos meses antes las elecciones con altísima popularidad. Venezuela venía de una crisis económica muy fuerte después del Viernes Negro en el año 1983. La esperanza y la alternativa que tuvieron las personas era votar por el candidato, de lo que llamarían ahora populista, Carlos Andrés Pérez, que había tenido un gobierno con mucha prosperidad económica en los años 70, entonces la gente lo veía como esa esperanza de que iba a cambiar la situación”.
Comenta González que las personas que votaron por Pérez lo hicieron porque su discurso y el de su partido, Acción Democrática, siempre apuntaban al bienestar social en la que el Estado provee seguridad social, el rescate de los servicios, entre otros.
“Carlos Andrés Pérez representaba eso, ¿qué pasa?, dos meses después, Pérez lanza una política de la cartilla del Fondo Monetario Internacional que tenía mucho de neoliberal, una cuestión muy fuerte”, asegura. “¿Qué pasó? Lo que se venía acumulando ya del gobierno anterior, que era una crisis económica fuerte y una inflación muy acentuada porque los precios se liberaron, se empezaron a encarecer muy rápido los artículos y las personas cada vez tenían menos poder adquisitivo. Había un ambiente que estaba contenido, que se venía acumulado y cuando se da este este paquete la gente cayó en la desesperación y se dieron los hechos espontáneo del 27 y 28 de febrero”, sostiene.
Testimonio
Yris Medina perdió a su esposo, vio como le segaron la vida en su propia casa. Él estaba en la platabanda de su casa con su hija recién nacida de apenas dos meses, Wolfang Quintana la vio, bajó la escalera y se derrumbó, eran alrededor de las seis de la tarde. Fue un tiro de FAL que entró por la espalda y le salió por un costado.
«Él no estaba saqueando, lo mataron dentro de nuestra casa», repetía Yris a las autoridades cuando comenzó la difícil tarea del papeleo para reclamar el cuerpo de su joven esposo, quien para la fecha tenía tan solo 20 años.
Comenta que fue apoyada por Liliana Ortega quien le dijo que el Estado era culpable y tenía que pagar por su esposo y muchas otras personas que murieron por los disparos indiscriminados, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales.
Medina recuerda que el disparo que mató a su esposo traspasó la pared de su humilde hogar, ubicado en la parte baja de El Guarataro, San Martín, Caracas. Lo llevaron a una clínica cerca de la zona, pero ya Wolfang estaba sin signos vitales, los tratantes le indicaron que lo llevara a la morgue directamente, así trataron de hacerlo, pero al pasar por las inmediaciones de Plaza Miranda fueron abordados por un grupo militar quienes le dijeron que ellos se hacían cargo del cuerpo. También le recomendaron que sacaran una franela por el lado del conductor y la agitaran para que no le dispararan, así lo hicieron.
Aunque los militares se hicieron cargo del cuerpo, su esposo no aparecía y gracias a un cuñado, quien había prestado servicio militar en la Armada fue que lograron entrar a reconocer el cadáver para darle cristiana sepultura. El cuerpo estaba debajo de varias víctimas.
Cuenta que todo fue muy difícil, incluso poder velarlo en sana paz, como se acostumbra en estos casos. La funeraria solo permitía pocas horas para que los deudos pudieran estar con el difunto.
«Hay falta de responsabilidad en el caso del Caracazo. Van 35 años y no tenemos nombres de culpables. El Caracazo lo usan como bandera política, pero ellos (los gobiernos que han pasado) no saben el dolor que sentimos. Solo pedimos justicia y verdad y en cambio solo tenemos el silencio del Estado», expresó Medina.
Desde ese día Medina forma parte de Cofavic, es cofundadora y ha logrado ayudar a personas a la que el Estado le ha vulnerado sus derechos, no solo en la «Masacre del Caracazo», sino también en la «Masacre del Retén de Catia» y el caso de Linda Loaiza.
Consecuencias legales
Según algunos reportes y textos en la red, en Venezuela no hubo consecuencias jurídicas relevantes de tipo penal, civil, o políticas por estos hechos que se mantuvieron en la impunidad desde 1989 hasta 1998.
El expresidente Carlos Andrés Pérez buscó y ganó en 1998 un curul en el senado para evadir las consecuencias jurídicas de los hechos por los que había sido destituido, ninguno de ellos, referidos al «Caracazo».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del Gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.
En agosto de 2009, el exministro de Defensa, Italo del Valle Alliegro, fue imputado en relación con el Caracazo. En julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revocó una sentencia del tribunal de apelación que había declarado el caso prescrito.
En septiembre de 2009, la Fiscalía General de Venezuela, encabezada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, solicitó a Interpol una orden de captura internacional contra Carlos Andrés Pérez, entonces exiliado en Estados Unidos.
Las imágenes utilizadas fueron tomadas de internet.
