Les han gritado neoliberales a los funcionarios del Ministerio de Planificación. Han protestado una y hasta dos veces a la semana. Han exigido la reconsideración de las recientes medidas tomadas por el gobierno del mandatario Nicolás Maduro. Los trabajadores universitarios siguen manifestando su descontento
Cuando un grupo de trabajadores acudió a la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en el pasado mes de abril, no esperaba mayores atenciones. Y, de hecho, no ocurrieron. Era una de las tantas protestas de las universidades venezolanas, para reclamar que se deroguen las llamadas «tablas Onapre» y la eliminación del «instructivo». A lo mejor la gente no sabe qué son las tablas Onapre y el instructivo, pero desde que se aprobaron, la comunidad universitaria no tiene paz.
No hay semana en la que no se registre una protesta de las casas de estudio. Dirigentes gremiales les han gritado neoliberales en su cara a los funcionarios del Ministerio de Planificación; han trancado la autopista Fajardo-Guaicaipuro, han gritado consignas en la esquina de Pajaritos. El pasado lunes 2 de mayo todas las fuerzas vivas de la UCV decidieron deponer sus diferencias y anunciaron una lucha común. Las propias autoridades ratificaron que se sumarán a las actividades de los gremios.
Dos meses después de que se incrementaran las manifestaciones, ¿cuál es el balance?
«Creo que hemos avanzado mucho, sobre todo en vista de que el gobierno no quiere dar su brazo a torcer», señala Carlos Suárez, presidente de Sutra-UCV. «No quieren reconocer que están cometiendo un atropello, están violando la Constitución y las leyes del país. Saben que vamos hacia adelante buscando que nos respeten nuestro derecho», agrega el vocero en conversación telefónica con contrapunto.com.
Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCV, opina que la universidad, «con los reclamos consecutivos que ha realizado, ha logrado una articulación y un engranaje de diferentes sectores que no existía o que estaba bastante debilitada». Para Mendoza es muy significativo el pronunciamiento que hicieron los sectores ucevistas el lunes 2 de mayo, porque sindicatos que han tenido diferencias lograron ponerse de acuerdo. «Este golpe del gobierno nacional a la autonomía universitaria, y a los sueldos y salarios de los profesores y de todo el personal universitario, ha hecho que en la universidad se dé una crisis muy grande, porque te dan un golpe en el presupuesto, un golpe a la autonomía universitaria, y ahora te dan supuestamente un aumento, pero es un aumento simbólico, no es significativo. Aparte es una violación de la contratación colectiva».
Para este martes 10 de mayo se convocó una asamblea universitaria en la Plaza Cubierta del Rectorado de la UCV. «Va a ser muy importante, porque vamos a definir los pasos que vamos a dar, más contundentes, para que reconozcan que están violando el derecho. Exigimos que nos devuelvan lo que nos pertenece, el convenio, las bonificaciones que nos han arrebatado de forma criminal a los trabajadores de toda la administración pública, a la que le están queriendo aplicar un instructivo que violenta sus derechos y convenios», explica Suárez.
Hasta la fecha el gobierno «lo que ha hecho es escucharlos, y hasta ahí. No ha habido cambios, no se respeta la contratación colectiva», precisa Mendoza en una entrevista por guasap. El dirigente estudiantil observa que el gobierno no ha cambiado su postura de la violación de la contratación colectiva de los universitarios, pero ahora «vemos una unificación de la comunidad universitaria (profesores, personal administrativo y obrero, estudiantes y egresados) para nadar en la misma dirección: el respeto de las reivindicaciones».
Las manifestaciones, a criterio de Mendoza, han visibilizado los reclamos de las universidades, y han cohesionado a los gremios para luchar contra el gobierno. Ciertamente la crisis no es nueva, apunta, pero ahora, «se ha visibilizado».
Documentos, papeles, peticiones, reuniones. Ha habido encuentros por zoom en los que el personal técnico se ha encontrado con una pared llamada OPSU. El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, comentó la semana pasada que espera ser recibido por la ministra de Educación Universitaria, TIbisay Lucena, a fin de conversar sobre la realidad universitaria.
«En las universidades no ha cambiado absolutamente nada. La beca estudiantil sigue siendo de menos de un dólar, no ha sido aumentada y dependemos del carnet de la patria», detalla Mendoza. El llamado a la presencialidad se encuentra «con una dirección de transporte a la que no le dan gasoil para reestructurar las rutas, al comedor -a pesar de que lo remodelaron con la comisión presidencial- no le dan proteínas, a nuestros profesores les violan su contratación colectiva después del aumento significativo que hizo el gobierno hace poco, no hay una partida para elementos de bioseguridad (eso lo tiene que custodiar el estudiante)», describe. En otras palabras no solo no cambió, sino que se agravó la crisis «y estamos viendo que está aumentando la deserción de profesores, porque al volver a la presencialidad, esos profesores que estaban dando clases a distancia y estaban ‘matando tigritos’ prefieren renunciar a la universidad y volver con otros trabajos».
¿Qué impide que el gobierno ceda? «El gobierno se entrampó, y ahora les cuesta salir. Solo en el sector universitario hay 120 mil trabajadores y unos 10 mil jubilados», calcula Suárez. Y aunque los integrantes de ese ejército no tengan ánimo ni posibilidades de regresar a la presencialidad, como lo destaca Mendoza, «para poder luchar por la autonomía universitaria y por las reivindicaciones profesorales y estudiantiles hay que volver a la universidad; se entendió que la única manera de articular la universidad era volviendo a nuestros espacios».
Uno de los temas que alimenta el malestar es la salud. «Ellos, con la salud de los trabajadores, trataron de hacer una bolsa y sacar dinero poco a poco, pero están entrampados, no hallan cómo resolver. Ellos dicen que hay asistencia, ambulancia, asistencia en los hogares, pero eso es mentira. Te llaman por teléfono, te indican por teléfono, por teléfono te diagnostican y te mandan un medicamento, y no saben si le puede hacer daño», explica Suárez.
El dirigente gremial se encontró -la semana pasada- con que su esposa presentó un dolor abdominal. «No la examinaron. Le hicieron un diagnóstico vía telefónica. No sabían si era una peritonitis. Caravana de Salud se llama el servicio. Es lamentable, peor si el gobierno no honra la normativa laboral y lo que corresponde no lo va a poder hacer después. No sé si les están quitando a los trabajadores para invertir en otras cosas». Con 29 años de servicio en la UCV, para Suárez esto es intolerable.
En estos meses, comenta Suárez, «hemos tenido la oportunidad de decirles a los personeros del gobierno sus cosas en la cara, para que sepan que no vamos a entregar nuestro derecho que nos ha costado tanta lucha, tanto sacrificio. Las reivindicaciones no se las vamos a entregar a este gobierno ni a ninguno». Lo que hicieron «es un robo», acusa.
Para las universidades la tarea pendiente del gobierno está muy clara. Se necesita una mesa de trabajo para abordar todos los temas, insiste Jesús Mendoza, y en la que se sienten los representantes electos por la comunidad universitaria «y no parapetos paralelos que monta el ministerio y que no tienen nada que ver con las asociaciones electas por los universitarios».
«Deben derogar la tabla, porque no es la que corresponde, y derogar el instructivo con el cual se roba el salario de los trabajadores. Tienen que respetar el contrato colectivo. Ahora pretenden esconder y desconocer la cuarta normativa, que ellos mismos aprobaron. Los derechos son progresivos, deben ir en mejora, no en desmejora. Nos están quitando todo lo que nos ganamos son sangre, sudor y lágrimas», deplora Suárez.
Lo que Mendoza califica como «un maquillaje» a la UCV, con las obras de recuperación de la comisión presidencial, ahora migró a la Universidad Simón Bolívar. «Hay una operación morrocoy. Anunciaron con bombos y platillos que comenzó una rehabilitación de espacios en la USB y todos los arreglos que se estaban haciendo en la UCV migraron a la USB y dejaron trabajos en la UCV sin terminar», cuestiona. Por ejemplo, en la Facultad de Odontología quedaron labores que, si no se culminan, impiden la atención de los pacientes. Encima «vemos una politización totalmente notable; hasta la placa de la Unesco la quitaron».
