Rafael Espinoza, secretario general de la Federación de Sindicatos de Profesores de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela, ha llevado dos cartas a la Procuraduría, dos al Ministerio de Educación y una al Ministerio de Planificación
Con su cartón en la mano el profesor Rafael Espinoza, secretario general de la
Federación de Sindicatos de Profesores de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela (Fapicuv), explica a qué instituciones ha acudido con sus famosas cartas y cuáles son sus alegatos contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Espinoza cerró el mes con una nueva misiva entregada a la Procuraduría General de la República -el pasado 26 de agosto- para que frene la aplicación del instructivo. «Personalmente le mandé una comunicación al Procurador en la que le solicité que interceda ante el Ejecutivo y funja como intermediario».
Como lo recuerda Espinoza, la violación de la cuarta convención colectiva del sector sigue ocurriendo. «Quise alertar al Procurador porque, en vista del incumplimiento súbito por parte del Ejecutivo Nacional (marzo de 2022)» se está causando un daño a la nación.
¿Cuál es el perjuicio al patrimonio nacional? «Han pasado cinco meses de incumplimiento por parte del Ejecutivo Nacional» y la realidad es que ningún instructivo «puede estar por encima de una norma de orden público como la convención colectiva», subraya. «Pero de manera indebida, por mala praxis de los funcionarios a cargo, se ha generado una deuda, y ahí es donde entra en juego el procurador, porque su competencia es velar por el patrimonio de la república. En este caso el patrimonio se ha visto alterado».
El procurador «tiene que mediar ante el ejecutivo para que la indexación no siga avanzando, se paralice y la república no deba nuevos montos a los profesores», resume. Es actuar «para que el ejecutivo entre en razón y cumpla con la ley; que reanude el cumplimiento de la cuarta convención colectiva».
En la carta introducida por Espinoza en la Procuraduría se hace un cálculo de cuánto habría que pagarle a una profesora (docente agregada a dedicación exclusiva), y el monto supera los 17 mil bolívares. «Esta deuda sigue creciendo en la medida en que el ejecutivo siga desconociendo la contratación colectiva».
Esta es la segunda misiva que entrega en la Procuraduría; «la primera fue sobre el pago fraccionado del bono vacacional», posteriormente dejado a un lado por el ejecutivo. También ha llevado dos cartas al Ministerio de Educación Universitaria, y una al Ministerio de Planificación. «No hemos recibido respuesta», aclara, pero «nos vamos a presentar en la Procuraduría» para hacerle seguimiento al trámite.
