Wolmer Pinilla, sobreviviente de la masacre de El Amparo, consoló a varias integrantes de Madres Poderosas, organización que reúne a familiares de jóvenes asesinados en zonas populares por funcionarios de seguridad del Estado
Parque Carabobo, en Caracas, fue el escenario en el que varias víctimas de violaciones de derechos humanos de «la cuarta» y de «la quinta» se encontraron y dialogaron. Era el 28 de octubre, un día antes del aniversario de la masacre de El Amparo (Apure), y frente a la sede del Ministerio Público se conmemoraron los 34 años del asesinato de 14 pescadores, actividad organizada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Pero también se presentaron activistas de la organización Madres Poderosas, que reúne a madres, hermanas y esposas de jóvenes asesinados en las barriadas populares por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.
Wolmer Pinilla, uno de los dos sobrevivientes de la masacre, conversó con mamás de jóvenes asesinados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. «Si dices que vas a luchar por la justicia, y tienes la certeza de que a tu hijo te lo mataron malamente, tienes que seguir adelante; no puedes renunciar. A mí me han puesto todas las trabas posibles. Los jefes del funcionario que mató a mi hijo llamaron a la Fiscalía para que dejen eso así, para que no pidan una condenatoria. Gracias a dios me conseguí con personas justas. Cuando voy al tribunal no me gusta que me digan ‘suerte’, porque se trata de la verdad», le contó Daisy Contreras, madre de Andrés David Osorio.
-No, no. Nosotros tenemos 34 años- explicó Pinilla.
-Mi hijo fue muerto de un disparo por la espalda el 22 de julio de 2006. Un funcionario del Cicpc. Él iba pasando con la moto y el funcionario le disparó- narró ella.
-Es doloroso- respondió Pinilla.
Urselis Valdez también acompañó el diálogo entre el sobreviviente de El Amparo y Daisy Contreras. «El 30 de este mes (octubre) mi hijo va a cumplir tres meses de que me lo mataran en una masacre que hicieron en el barrio José Félix Ribas. Allí mataron a cinco muchachos que se encontraban jugando barajas. En el camino los acorralaron en una casa, les hicieron todo tipo de maldad. Al mío, Omar Daniel Pérez, me lo sacaron vivo, y cuando lo llevaban hacia el hospital, me lo mataron. Le faltaba un mes para cumplir 21 años», refirió.
Por razones jurídicas el caso El Amparo está estancado, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea. Pero en buena parte de los casos «hay una ausencia de un real funcionamiento de la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos», y por eso «solidarizarse con El Amparo es solidarizarse con las víctimas de la OLP, con tanta gente que está pidiendo justicia y lamentablemente las instituciones no están a su favor».
Uzcátegui afirmó que la visibilización de El Amparo «es una demanda de justicia para los casos del pasado y los casos de ahora. A las víctimas las une el mismo dolor. Independientemente de quiénes sean, o en qué momento pasó, hay una gran deuda con la sociedad venezolana, y ese es el gran desafío para el futuro: Tener un sistema de justicia que funcione».
Cada 29 de octubre se altera el ánimo de Wolmer Pinilla. «La vida me cambió porque uno está en la zozobra, de si de pronto te vienen a buscar, o si nos están vigilando», admite. «Nosotros seguiremos enfrentando esta masacre hasta que se haga justicia». A sus 60 años decidió seguir en Apure. «Sigo siendo pescador. Me siento fortalecido y como más pescado porque estoy más viejo», bromea.
Daisy Contreras cuenta que se unió a Madres Poderosos porque las conoció en los tribunales. «Ese funcionario, en su primera declaración, afirma que dos sujetos salieron a robarlo y que él no se acuerda de ningún motorizado. Pero mi hijo tenía un disparo por la espalda, con una bala de la pistola del funcionario. Él ahora alega que los muchachos le llegaron en moto. Es incierto. Pero ese es el trabajo de ellos: matan, y después dicen que fue un enfrentamiento. Que me explique él cómo una persona con un disparo por la espalda se le enfrentó», argumenta. «El funcionario no está preso; al contrario, fue ascendido. Lo condenaron en una oportunidad, y a los ocho meses anularon el juicio. Desde 2014 estoy en esta lucha».
Al hijo de Urselis Valdez lo mataron, como lo denunció, funcionarios de la PNB y de la FAES. «Ellos dicen que eran los malandros del barrio, pero nosotros sabemos que no. Las otras mamás tienen miedo. Yo soy buhonera, la policía pasa por allí, pero yo no siento miedo. Voy pa’lante. La muerte de mi hijo no la dejo así».
