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sábado, 21 diciembre, 2024
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Tras muerte de uno de Los Cinco de La Vega: Activista Martha Lía Grajales exige «tomar medidas urgentes en los centros de detención policial»

Texto y fotos: Vanessa Davies

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La muerte de José Félix Maiz debido a enfermedades asociadas con sus condiciones de reclusión llevó la protesta popular a las puertas del Palacio de Justicia. «Es importante retomar la reforma policial impulsada por el comandante Chávez. Ya basta de tener una policía que reproduce la desigualdad, que reproduce el clasismo y el racismo», subrayó Martha Lía Grajales, integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega

José Félix Maiz, uno de Los Cinco de La Vega, falleció el pasado 31 de enero en el Hospital Domingo Luciani después de año y medio encarcelado en un proceso que sus familiares y defensores de derechos humanos denuncian como viciado. Según informe médico, presentaba sepsis, candidiasis y tuberculosis, enfermedades asociadas con las condiciones de detención.

Maiz y otros cuatro jóvenes fueron detenidos en junio de 2021 en el contexto de los operativos efectuados en La Vega contra grupos de delincuencia organizada. Los Cinco de La Vega son Maiz (fallecido), Darwin Rivas Polanco, Kevin Reinosa Parra, Hecgerson Chaparro Castillo y Osmar José Benítez.

Martha Lía Grajales, integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, encabezó la manifestación que este viernes 3 de febrero realizaron los familiares y activistas en el Palacio de Justicia. Esta Venezuela de paradojas puso frente a frente, durante la protesta, a quienes denuncian presuntos hechos de corrupción de la Policía Nacional Bolivariana (por la supuesta «siembra» de pruebas contra Los Cinco) y a los funcionarios de mediación de la misma PNB que tomaron nota de sus reclamos.

Indignada y dolida, Martha Lía Grajales llevaba una franela roja con los ojos del presidente Hugo Chávez, fallecido -según información oficial- el 5 de marzo de 2013. La muerte de José Félix Maiz es otra forma de muerte de Chávez: la muerte de sus ideas, la muerte de sus proyectos y obras. Pero para personas como Grajales la obra de Chávez no es un pasado añorado, sino un presente que rescatar y un futuro que defender.

«Exigimos que haya una profunda reforma del sistema de justicia penal. Debe combatirse el carácter clasista y racista que lo caracteriza», expresó la activista en conversación con contrapunto.com. «Creemos que es importante retomar la reforma policial impulsada por el comandante Chávez. Ya basta de tener una policía que reproduce la desigualdad, que reproduce el clasismo y el racismo. Creemos que es importante que haya una policía que esté del lado de los intereses del pueblo».

Maiz estuvo encerrado en el Centro de Detención Policial de San Agustín en condiciones infrahumanas. Su hamaca estaba ubicada debajo de lo que llaman «la muerte», que no es más que una bolsa negra con los desechos fisiológicos de todas las personas de su celda.

«Es importante levantar la voz sobre el uso abusivo de la detención preventiva. Nuestros centros de detención policial están llenos de personas en condiciones de procesados, que tienen años y años de retardo procesal y además viven en terribles condiciones de hacinamiento, indignas condiciones de reclusión y que están asociadas con la aparición de enfermedades como tuberculosis, septicemia, que están cobrándoles la vida a nuestros chamos», sentenció. «Creemos que esto también hay que discutirlo. La prisión no tiene que ser la principal respuesta frente a los problemas sociales que estamos confrontando».

Grajales insiste, también, en la importancia de «tomar medidas urgentes en los centros de detención policial. Sabemos que en San Agustín del Sur hay más casos de tuberculosis. José Félix no es el único. Creemos muy importante que se tomen medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad de las personas que están allí».

-¿Cómo?

-Hay unos protocolos que establecen cuál debe ser el tratamiento frente una epidemia como esta en los centros de detención policial. Lo que nosotros pedimos es que esos protocolos se apliquen, que se aísle a las personas enfermas, que se les garanticen los medicamentos y se les brinde atención médica especializada. No puede ser que la atención médica para José Félix haya sido en un CDI, que sabemos que apenas puede brindar una atención básica y no la atención que necesita una persona con las graves afecciones que presentaba José Félix Maiz.

El Comité exige la libertad plena de los jóvenes. «Exigimos la libertad plena de nuestros muchachos. Si de alguna manera se puede reparar aunque sea parcialmente el daño que se ha ocasionado a estas familias es concediendo la libertad y reconociendo que hubo una equivocación y una gran injusticia».

Consultada sobre la revolución judicial anunciada por el mandatario Nicolás Maduro, Grajales respondió: «Creemos que esa revolución judicial, para que sea una verdadera revolución judicial, tiene que interpelarse por el carácter clasista y racista. Hasta que eso no ocurra no podemos hablar de una verdadera revolución, y esa revolución, para que realmente pueda llevarse a cabo, es importante que reconozca, que haga un diagnóstico real, profundo, de los graves problemas estructurales que en este momento se presentan».

-¿Qué exigen para los centros de reclusión policial?

-Lo primero es que debemos cuestionar el uso abusivo de la privación preventiva. No se trata, como lo dijo en su momento el comandante Chávez, de humanizar las cárceles, porque las cárceles no son la respuesta a problemas de carácter social. Creemos que es importantísimo que haya una política para la juventud, una política que, a través de la garantía de derechos de nuestros jóvenes, les dispute a las dinámicas de la violencia la vida de nuestros muchachos. Debe fortalecerse el carácter preventivo de la lucha contra el crimen, y no solamente el carácter sancionatorio.

Como activista, insta a evaluar los casos. «Hay que hacer una revisión, porque hay un montón de gente que está en este momento con un grave retardo procesal, muchos de ellos con pena cumplida. Incluso, sin haber tenido sentencia, han cumplido la pena a la que estarían sentenciados en caso de ser encontrados responsables», sostuvo. «Todas estas personas tienen que ser liberadas, porque no se resuelve ningún problema de delincuencia manteniendo un montón de jóvenes pobres dentro de las cárceles sin que tengan verdadero acceso a la justicia, porque eso reproduce desigualdad, violencia y pobreza. Es muy importante hacer una revisión del proceso de retardo procesal y liberar a las personas que merecen juzgamiento en libertad o estar libres».

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