Se apostaron en la acera principal y no en la acera de enfrente a la que siempre los mandan
Esta vez el personal de seguridad del Ministerio Público, en Parque Carabobo, fue tomado por sorpresa. Las protestas de trabajadoras y trabajadores universitarios generalmente tienen que mudarse a la acera de enfrente, pero este lunes 17 de abril no ocurrió así. Varias pancartas se desplegaron en la propia entrada de esta dependencia, y las consignas retumbaron a pocos metros del sitio donde el fiscal general, Tarek William Saab, saca una mesa y una silla para escuchar quejas.
Gremios universitarios y trabajadores públicos se presentaron en el MP para exigir que se investiguen varias cosas. Alarmados por las denuncias de presuntos hechos de corrupción en empresas del Estado, los directivos del Sindicato de Trabajadores de la UCV, de la Asociación de Profesores de la UCV y de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV solicitaron a Saab que determine dónde está el dinero de las cajas de ahorro del sector.
José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv, aclaró que el planteamiento es muy concreto: «Que se inicie una averiguación al Ministerio de Educación Universitaria en relación con el destino que tuvieron los aportes y retenciones a las organizaciones sindicales y gremiales y los aportes a las cajas de ahorros». Recordó que se aprobaron recursos extraordinarios en el Poder Legislativo «y a esta fecha no han llegado a las universidades».
Roberto Carpio, jubilado del Ipasme, exigió la liberación de los seis trabajadores encarcelados desde 2022 y denunció que la trabajadora Joana González tiene boleta de excarcelación desde abril de 2022 «y sigue secuestrada en el INOF». También sostuvo que las prestaciones ofrecidas por el mandatario Nicolás Maduro «fueron pagadas en tres partes: tarde, nunca y jamás».
Como jubilado del Ministerio de Agricultura y Tierras, José Manuel Rodríguez recordó que los trabajadores ganan «un miserable sueldo» y criticó al ministro «porque dice que aquí hay agricultura mientras los trabajadores nos estamos muriendo de hambre». El sueldo es de 130 bolívares «y no nos alcanza ni para comprar una caja de losartán (antihipertensivo)». Además «nos quitan para la caja de ahorros» y esa retención «hace casi tres años que el gobierno se queda con ese dinero».
Por qué se permiten encarcelar a los trabajadores, reprochó Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, al reiterar que los seis luchadores encarcelados desde 2022 deben ser liberados.
Salazar calificó como apropiación indebida lo que ha sucedido con las cajas de ahorros. Como «no hay un Estado que funcione ocurre todo lo que vemos en el gobierno».
El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, refirió que la de este lunes 17 de abril es la quinta comunicación que se le entregó a Saab para solicitar la libertad de seis trabajadores presos.
Afonso se aproximó a la puerta para entregar el documento y el personal de seguridad lo rodeó. Una funcionaria del MP se molestó porque periodistas y trabajadores grabaron con sus celulares. El profesor insistió en que le recibieran la carta. Cuando Roberto Carpio intentó entrar a la reunión, se lo impidieron. Carlos Salazar dijo que se quedaría afuera. Carpio logró pasar a sentarse. «Y se supone que aquí reciben a las víctimas», comentaron.
