«A la Defensoría del Pueblo hemos ido cinco veces. Al Ministerio Público hemos ido 12 veces y le hemos llevado seis documentos; ninguno ha tenido respuesta», detalló el abogado Eduardo Torres
A la puerta de la Defensoría del Pueblo llegaron, el miércoles 3 de mayo, maestros, trabajadores de la salud, jubilados y pensionados. Buscaban respuesta y, también, ser escuchados. Un funcionario de la institución se acercó a tomar nota en un cuaderno. La presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas, Judith León, le espetó al representante de la Defensoría que habían entregado cartas y nadie les contestó. «Hemos enviado ene veces a la Defensoría del Pueblo y no hemos tenido respuesta de ningún tipo», aseveró.
Cuando el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Edgar Machado, criticó que en las fiestas de Semana Santa en el país «se gastaron millones y millones de dólares» mientras no hay dinero para mejorar a los trabajadores, el funcionario dejó de anotar.
En más de un año de manifestaciones los gremios y sindicatos han dejado misivas en organismos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El artículo 51 de la Constitución establece que “toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta». La respuesta, como lo plantean, no ha sido oportuna ni adecuada.
El abogado y defensor de DDHH Eduardo Torres confirmó que han tocado -y lo seguirán haciendo- las puertas de las instituciones para exigir la libertad de un grupo de luchadores sociales encarcelados en julio de 2022. «A la Defensoría del Pueblo hemos ido cinco veces. Al Ministerio Público hemos ido 12 veces y le hemos llevado seis documentos; ninguno ha tenido respuesta», detalló. El Defensor «puede ayudar con la mediación interna».
A los organismos visitados se añadió la Contraloría General de la República. A esta dependencia, ubicada en la avenida Andrés Bello, llegaron los trabajadores el lunes 8 de mayo con sartenes, ollas y otros objetos para hacer ruido. Ángel García, secretario de reclamos del sindicato del Ministerio de Transporte, afirmó que no valía la pena entregar documentos porque las instituciones no reaccionan: «Ellos hacen caso omiso». Sin embargo, ese día dos funcionarios de la Defensoría -una de ellas identificada como Petra Coste- se presentaron a escuchar las demandas. Los mismos funcionarios que, una semana después, atendieron los reclamos de los trabajadores en la sede de la Defensoría en la avenida Urdaneta.
¿Ha servido de algo tanto tocar puertas? «Está sirviendo de algo», sentenció Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional. «Tenemos el caso de Emilio Negrín, que no debería estar preso. Después de la protesta en la Contraloría General de la República del despacho del Defensor del Pueblo se abocaron a la visita de Emilio Negrín, vieron su estado de salud, escucharon la versión de Emilio».
Salazar pidió a la Defensoría insistir en que Negrín, dirigente de la central sindical Codesa apresado el pasado 5 de julio, debe ser juzgado en libertad. También le solicitó actuar por todos los trabajadores presos y por la defensa de los derechos humanos laborales, así como hacer valer los reenganches y aplicar el artículo 91 de la Constitución y el artículo 100 de la ley orgánica del trabajo. «Seguimos en la lucha, seguimos tocando las autoridades del Estado. La Defensoría respondió, la Contraloría se reunió con uno de los coordinadores de la lucha, Eduardo Sánchez», recordó.
Aun cuando los sindicatos «fuimos decenas de veces a la Defensoría», refirió Salazar, «nunca bajó nadie. Ahora es que están bajando. Una Defensoría del Pueblo que trabaje es por el bien del Estado, el bien del país. Los instamos a que trabajen y se diferencien del gobierno, porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra».
