Salario de emergencia o ingreso de emergencia son algunos planteamientos hechos por las organizaciones sindicales y gremiales
Ni las ocho horas por las que luchaban los Mártires de Chicago, ni el sueldo necesario para poder vivir. Trabajadoras y trabajadores públicos de Venezuela llegan a este 1 de Mayo de 2023 después de más de un año de protestas en la calle y con un salario mínimo reducido a cinco dólares. Hay que sumar los dirigentes sindicales presos, como Emilio Negrín y Gabriel Blanco, encarcelados por un juez que hoy está en la cárcel: Mascimino Márquez. También -como lo señala José Marcano, presidente del sindicato de Agricultura y Tierras- sigue vigente el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), instaurado en marzo de 2022 y que reduce el ingreso de los empleados públicos entre 40% y 70% y viola la Constitución y la ley orgánica del trabajo.
No solo se ha perdido el salario mínimo, recuerda William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB (Apusb). «¿Dónde está la protección social del trabajador venezolano, dónde están los seguros?», interroga.
En la práctica «no hay derecho a sindicalizarse» y están en crisis «las instituciones fundamentales del derecho al trabajo», evalúa Luis Barragán, diputado de la AN de 2015. «¿En qué medida hay salario en Venezuela si está desalarizado el ingreso de los trabajadores?».
Los pagos a los trabajadores se hacen por el sistema patria, que se encarga de cancelar las nominas de los entes del Estado y de descontar los aportes para organismos como las cajas de ahorros, refiere Hugo Valera, responsable del área de trabajadores de Encuentro Ciudadano.
Una queja de Fedecámaras logró que la OIT pusiera su mirada en Venezuela. Pero el diálogo facilitado por el organismo internacional no ha permitido conseguir un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo. Hasta la fecha el gobierno ha pagado bonos. «Los bonos se han usado durante muchos años, pero eso no es lo que el trabajador quiere», reitera Marcano.
Actualmente se habla de un incremento de 30 dólares y un bono de 1.100 bolívares, adelanta Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV.
Resolver el ajuste salarial con bonos «es inaceptable», critica Anseume. «Un bono es un beneficio adicional; no puede sustituir el sueldo».
Este descontento está en la calle. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta 2.165 protestas laborales en el primer trimestre de 2023, que equivale a unas 24 al día.
Organizaciones sindicales y gremiales han hecho propuestas para «destrancar el juego».
Adrián Bolívar, presidente de Fenasoesv, ha insistido en que un trabajador público debe ganar más de 900 dólares al mes, a fin de poder cubrir la cesta básica (que supera los mil dólares según el Cendas-FVM). Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, ha planteado un salario de emergencia de 143 dólares. Dirigentes de la central ASI Venezuela han puesto sobre la mesa de la idea de un ingreso de emergencia de 50 dólares durante un año.
Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, propuso un salario diario de 10 dólares «para comenzar» porque «si quieres un pacto de emergencia vamos a empezar con un salario de 10 dólares diarios, progresivos».
Hasta la fecha el salario no ha subido ni 50, ni 100.
