Representantes de la producción petrolera, junto a dirigentes de las empresas básicas de Guayana, la corporación azucarera, el sector de la sal, Industrias Diana, Empresas Polar y el sector educativo, acudieron ante el Ministerio Público para consignar un documento dirigido al fiscal general de la República. La acción busca obtener respuesta institucional ante presuntas violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de los trabajadores.
Eduardo Yaguacuto Amaricua, presidente del bloque patriótico petrolero de Petróleos de Venezuela (PDVSA), sus filiales y empresas contratistas, actuó como vocero de la movilización. Señaló que entre las víctimas de estas acciones se encuentran trabajadores de los sectores mencionados, así como niños especiales, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Según la denuncia presentada, las violaciones laborales han sido ejecutadas por gerentes de las distintas empresas, quienes presuntamente actúan en complicidad con:
- Funcionarios del sistema de justicia (incluyendo jueces y fiscales).
- Funcionarios y directores regionales del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
Yaguacuto Amaricua hizo un llamado al Gobierno Nacional, afirmando que los trabajadores han entrado en una «ofensiva estratégica» para exigir el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el cese de las vulneraciones. Asimismo, cuestionó que personas que cometieron delitos hayan sido liberadas en el marco de la reconciliación nacional y la paz, mientras que los trabajadores inocentes, a quienes definió como protectores del erario público y de las empresas estratégicas, no se encuentran en sus puestos produciendo.
Persistencia institucional y exigencias al fiscal general
Al ser consultado sobre la antigüedad de los expedientes, el vocero detalló que el movimiento maneja casos con acumulaciones de tiempo variadas, que abarcan desde los 3, 10, 12, 15 hasta los 18 años.
Respecto a la duración de estos procesos, Yaguacuto Amaricua aclaró que los afectados no han esperado el transcurso de ese tiempo de manera pasiva, sino que han mantenido una constancia desde el momento inicial de las vulneraciones, recurriendo formalmente ante el Poder Ciudadano y todos sus órganos competentes. Detalló que han acudido previamente a todas las instancias del Estado, incluyendo la Presidencia y la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, la Asamblea Nacional y los consejos legislativos estadales.
Finalmente, precisó que el objetivo principal de la entrega del documento es que el fiscal general cumpla con su función de acusar e imputar a los funcionarios gubernamentales y prestadores de servicio del sistema judicial y laboral señalados por corrupción y violación de derechos. El representante gremial instó a las autoridades a poner orden y a dar cumplimiento a las leyes vigentes, con especial énfasis en la Ley Orgánica de Optimización y Celeridad de los Procesos Administrativos.
