Según el informe, la fuerza pública y los grupos paraestatales tienen como objetivo «crear miedo y zozobra entre los periodistas»
Este miércoles, 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció que las detenciones arbitrarias y la intimidación a los periodistas en Venezuela tienen «un carácter masivo e indiscriminado».
«Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora», señaló un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP, que se celebró de forma virtual.
Además, el reporte destacó que «no hay donde reclamar por esos atropellos, porque los organismos oficiales están cerrados».
El documento también alerta de que los militares y los policías «impiden la libre circulación de los periodistas», por ello, las unidades móviles y los reporteros son secuestrados o atacados.
«Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud», resalta el texto de la SIP.
«Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias» en este 2020, apuntan.
El informe de la SIP recoge una serie de amenazas y detenciones a periodistas que se produjeron en los últimos meses en Venezuela.
Entre ellas, están las recibidas por el periodista Luis Gonzalo Pérez, quien, el 1 de abril, «recibió amenazas en su teléfono de seis números distintos que mencionaban a su familia y su dirección».
Charito Rojas, que trabaja en Unión Radio, recibió amenazas en sus redes sociales luego de ser mencionada por Diosdado Cabello, en su programa «Con el mazo dando».
Otro periodista, Darvinson Rojas, fue detenido durante 12 días entre marzo y abril, por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de COVID-19. Posteriormente, fue liberado con medidas cautelares.
Además, durante el operativo policial, también fueron arrestados sus padres y puestos en libertad horas después.
El informe de la SIP recuerda que, el 7 de abril, la periodista Mayerlin Villanueva y el fotógrafo Luis Cobaría, del diario La Prensa del estado Táchira, fueron detenidos durante cuatro horas por la Guardia Nacional (GN) «cuando intentaban acceder al cuerpo de bomberos» en la localidad fronteriza de San Antonio.
Por otra parte, en el estado Mérida, la Guardia Nacional (GN) detuvo al periodista Elvis Rivas, corresponsal de Globovision, mientras que el 18 de abril el periodista Eduardo Galindo estuvo detenido 64 horas en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Policía en San Fernando de Apure.
El 15 de abril, el periodista Arnaldo Sumoza fue detenido en el céntrico estado Guárico, cuando grababa una protesta por falta de agua.
El 6 de mayo, tras cinco meses y 16 días detenida en la sede de la DGCIM, fue excarcelada Ana Belén Tovar, gerente de Venmedios.
En junio, el director de la emisora Tremenda 105.7, Eduard Rojas, fue detenido sin orden judicial en Mérida, sacado de su casa por una comisión de la GN y liberado tres días después.
Acusados de manejar cuentas anónimas
También en junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y a Marco Antoima por «el supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales».
El último caso documentado es el del Correo del Caroní, un periódico regional del amazónico estado Bolívar, cuyo director, David Natera, fue arrestado durante horas el pasado 12 de octubre y su casa fue allanada.
El 14 de octubre también fueron intervenidas las oficinas en Caracas e incautado equipo del portal 15minutos.com, cuyo fundador es David José Natera Biliangieri, hijo del director del Correo del Caroní.
