La organización no gubernamental Laboratorio de Paz calificó como “un golpe para las víctimas” la reciente renuncia de dos integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los funcionarios Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina) dejaron sus cargos alegando una crisis presupuestaria que afecta al sistema de derechos humanos de la ONU. Con su salida, la abogada portuguesa Marta Valiñas queda como única integrante activa de la Misión, cuyo mandato fue renovado en 2023 hasta octubre de 2026.
cpiImpacto en la defensa de víctimas y en la justicia internacional
Laboratorio de Paz advirtió que la Misión representa un mecanismo clave para la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Desde su creación en 2019, el equipo ha documentado patrones de represión, identificado cadenas de mando y aportado insumos relevantes para investigaciones internacionales, incluyendo la que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La ONG también señaló que instituciones nacionales como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo han mantenido una postura inerte frente a las denuncias, lo que refuerza la importancia de mantener activa la Misión y garantizar su financiamiento.
Crisis presupuestaria en la ONU afecta operatividad
Según Laboratorio de Paz, pagos tardíos o impagos de cuotas por parte de países como Estados Unidos y China han obligado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, a suspender actividades como talleres, informes y misiones técnicas. Además, el Consejo de Derechos Humanos ha reducido la duración de sus sesiones, lo que limita el abordaje de crisis globales.
Phil Lynch, director ejecutivo del Servicio Internacional de los Derechos Humanos, indicó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibe apenas el 7% del presupuesto ordinario de la ONU y menos del 1% del gasto total del organismo.
La continuidad de la Misión sobre Venezuela dependerá de la capacidad de la ONU para superar sus restricciones financieras y mantener el monitoreo internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.
