En Venezuela se ha convertido en una práctica reiterada que, «cuando se tiene un sospechoso, sobre todo vinculado con persecución política, esta persona no solamente es detenida, sino también sus familiares más directos», subraya el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia
Del régimen de los nazis, en la década de 1940, al gobierno de Nicolás Maduro, en la Venezuela del presente. Este jueves 16 de septiembre, la Misión internacional
independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó las conclusiones detalladas de su informe sobre el país, y reseñó que cuerpos de seguridad del Estado están usando la Sippenhaft.
«El 7 de agosto de 2020, uno de los acusados en el caso Gedeón declaró ante el Cuarto Tribunal de Control con Competencia en Casos de Terrorismo durante la audiencia preliminar que, entre la fecha de su detención el 20 de abril de 2020 y la fecha de su audiencia de presentación el 8 de mayo de 2020, agentes de la DGCIM supuestamente lo interrogaron bajo tortura, incluso asfixiándolo con una bolsa, resultando necesario en una ocasión que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado. Dijo al Tribunal de Control que, tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, funcionarios de la DGCIM le dijeron que aplicarían el “Sippenhaft” (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis), que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Dijo al tribunal que algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado, quienes fueron retenidos en la DGCIM de Boleíta durante 32 días. En el acta de la audiencia de presentación, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida, tras recibir esta información», detalla el informe.
El Sippenhaft «es absolutamente contrario a la declaración universal de los derechos humanos, porque la responsabilidad penal es individual, es personal», confirma el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. El defensor de derechos humanos señala que, si el Estado venezolano cree que una persona es sospechosa de haber cometido un delito, «debe y puede actuar sobre esa persona y no sobre la familia o los allegados».
Sin embargo, alerta Daniels, en Venezuela se ha convertido en una práctica reiterada que, «cuando se tiene un sospechoso, sobre todo vinculado con persecución política, esta persona no solamente es detenida, sino también sus familiares más directos». Esto lo hacen los cuerpos de seguridad «como medida de presión para obtener una confesión o para algún tipo de requerimiento que los organismos de seguridad estén buscando».
Esta es «una gravísima violación de derechos humanos, e implica prácticas que son cercanas a un régimen totalitario», insiste el jurista, quien admite que no conocía que se trataba de una táctica usada por el nazismo. Esto «nos llena de horror», porque «nos dice hasta qué punto se ha llegado en la represión en el país».
El Sippenhaft «viola el derecho a la presunción de inocencia, porque estas personas son detenidas porque son familiares de un detenido, y no porque se crea que han cometido hecho alguno». Este proceder viola, además, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Los funcionarios que incurren en el Sippenhaft están cometiendo una detención arbitraria «y esto está tipificado en el Código Penal. La detención arbitraria es un delito, al igual que la tortura y la violencia sexual.
