Al MP le solicitaron que cumpla con las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó Inti Rodríguez. A la CIDH le pidieron ampliar las medidas de protección a todo el equipo de Provea
La presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la sede de Provea, el pasado martes 20 de septiembre, es considerada como un precedente muy grave por los defensores de derechos humanos. A Inti Rodríguez, coordinador del área de monitoreo de Provea, le tocó encarar a los uniformados y reiterarles que no eran bienvenidos, y explicarles que si tenían una orden de allanamiento, la mostraran. Esa acción seguramente evitó males mayores, porque en la sede de la organización se desarrollaba una rueda de prensa con familiares de luchadores sociales encarcelados el pasado mes de julio.
Después de ese hecho no se repitió la presencia del Sebin en los alrededores de la oficina de Provea, indicó Rodríguez en conversación con contrapunto.com. Pero la organización denunció lo ocurrido en instancias nacionales (el Ministerio Público) y ante instancias internacionales (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH).
«Nosotros introdujimos, al día siguiente, un escrito ante el Ministerio Público. Cabe recordar que en el caso de Inti Rodríguez, Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui tenemos medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Ministerio Público está obligado a cumplir con esas medidas. Lo hizo por un tiempo, ha dejado de hacerlo», recordó Rodríguez.
En el escrito se notifica no solo «el intento de allanamiento a la sede de Provea, sino lo que ocurrió con mis documentos, que les tomaron fotografías y que hubo hostigamiento», señaló.
A la CIDH se le informó lo sucedido y se solicitó que extienda las medidas de protección a todo el equipo de Provea; es decir, a unas 14 personas que están en la oficina. «Este es un hecho grave, sin precedentes. En el caso de Provea nunca habían acudido funcionarios de la policía política, o de algún organismo de inteligencia a nuestra sede con la intención de entrar y de intimidar a los familiares que estaban realizando la rueda de prensa. Ni siquiera en los momentos de mayor conflicto había ocurrido esto. Me refiero a los años 2014, 2017, o 2002. Nunca antes habían intentado entrar a la sede de Provea», enfatizó.
Para Rodríguez es un mecanismo de intimidación, y también, una forma de medir «la capacidad de las organizaciones ante ese tipo de situaciones».
