Ante la creciente oleada de acoso en las universidades venezolanas la Alianza Todos por la Educación ha iniciado por diversas vías la aprobación de protocolos antiacoso en las casas de estudios.
Veronica Colina, representante de la alianza en Mérida afirma que en su estado las universidades no han aplicado algún tipo de medida. “Se siguen repitiendo los patrones y es toda una estructura de poder y jerarquía que existe en las universidades”.
De acuerdo con Aula Abierta más del 40% de las mujeres andinas han sufrido algún tipo de violencia, mientras que a nivel nacional es más del 50%.
Este tipo de violencia ha estado presente siempre y de formas que pasan desapercibida, es lo que Colina llama micromachismo. Traducidos en comentarios sexistas o burlas “esto también es violencia”.
“Lo peor”, dice Colina es que estos casos pasan por debajo de la mesa y se les resta importancia. “Incluso dicen que no les afecta, pero es porque no se dimensiona el trasfondo de la situación. Nos hemos acostumbrado”:
Ante la ausencia de mecanismos de denuncia o protección dentro de las casas de estudios las víctimas callan para evitar represalias, explica Colina.
Por lo que explica que el acoso es cualquier acción que no cuenta con consentimiento y que causa algún tipo de incomodidad.
El acoso puede darse desde los salones de clases hasta los espacios de la dirigencia estudiantil. Mientras que los acosadores pueden ser: estudiantes, profesores, personal obrero e incluso autoridades.
Colina, como muchas otras mujeres, fue víctima de acoso. Esto ocurrió antes de la pandemia y fue violencia digital por parte de un profesor.
“Me escribía y cuando no le respondía insistía aún más. Esto ocurrió muchas veces, por qué no le respondía y era muy incómodo, tenía que ver clases con él y tenía miedo a represalias. Lo peor fue una vez que me lo encontré en donde yo juego tenis y sentía como me miraba y tenía temor de hasta ir a recoger las pelotas porque sabía que seguiría ahí cerca”.
Para esta joven dicho evento le ha generado cuestionamientos. “Se supone que ayudo a otras mujeres a no sentir temor ante estas situaciones”.
Desde Todos por la Educación se ha iniciado la movilización para que las universidades nacionales apliquen los Protocolos de Prevención y Atención de Casos de Violencia de Género y Laboral en Espacios Universitarios y de Acoso.
La idea es que mediante estos protocolos las universidades de un paso al frente en la lucha contra este problema y se acabe la impunidad pero también se cree un precedente para que los casos de acoso, no solo disminuyan, sino que desaparezcan comentan desde la organización.
“Va dirigido, para mujeres, hombres y personas LGBTQ+ y cualquier tipo de persona en condición de vulnerabilidad pues la diferencia entre la violencia de género y de la mujer es que el género arropa a toda la comunidad universitaria”.
El protocolo contiene derechos para los sobrevivientes o víctimas así como para los agresores. Colina destaca que en muchos casos estos procesos no serán abiertos, si no internos de la universidad.
Este protocolo determina los plazos prudenciales para cada proceso y especifica las fases de atención que son: recepción de denuncia, primeros auxilios, investigación del caso y resultado final o medida disciplinaria.
Para esto Las autoridades universitarias deben ser las encargadas de llevar este proceso, conformada por mínimo por tres profesionales quienes deben tener experiencia en enfoque de género y su cargo tendrá una duración de 2 años quienes serían escogidos en Consejo Universitario.
Que solo la UCAB tenga un protocolo vigente habla de la poca importancia que las universidades le han dado a este tema. Asimismo el paso dado por la UCAB se debe en parte a la mediatización que tuvo un caso en particular, lo mismo pasa con la Unimet quien ha ido avanzando en el proceso.
“Se espera que pase la desgracia para actuar”, opina Colina.
El 8 de marzo se entregó un documento en la Universidad de Los Andes y muchas de esas acciones fueron aprobadas en consejo universitario el pasado 20/02/2023.
El documento en cuestión fue enviado al Servicio Jurídico de la ULA quien lo deberá revisar y adaptarlo según el reglamento y los recursos económicos y humanos, esperando que este 2023 sea aprobado.
María Victoria Restrepo, investigadora de la alianza Todos por la Educación quien cree en la importancia de que todos los miembros de las universidades manejen y comprendan el contenido de los protocolos y que además, los cuerpos de seguridad estén capacitados para atender situaciones como estas.
No obstante, para Restrepo una de las trabas es la crisis presupuestaria de las universidades.
Ella ha promovido este protocolo tanto en el estado Miranda como en Caracas. De hecho el pasado 22 de marzo el Consejo Universitario de la UCV aprobó una comisión para aprobar este protocolo. “Es un gran avance. Significa que se sentarán a pensar qué es lo que van a escribir”.
Pero no siempre fue así. Tiempo atrás redactó un protocolo de atención y prevención en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCV, el cual fue desestimado por la subdirección por no tener “la importancia para el momento”.
“No se puede seguir permitiendo que en una universidad se le dé cabida a estos actos, por acción u omisión. ¿Cómo puedes cambiar la realidad de tu país si constantemente tienes miedo porque el lugar en donde te «formas», es violento y solo hay impunidad?”, cuestiona la politóloga.
Restrepo recuerda que durante su vida estudiantil pasó por comentarios indeseables por parte de muchos profesores. “Esto perdura, se extiende y se profundiza. Existen caso graves contra la dignidad, integridad y salud de las personas”:
La disposición del Consejo Universitaria viene precedida de una protesta en la UCV, la cual tiene como punto de partida la presunta violación de una estudiante de Sociología en el campus universitario, la cual fue raptada, metida a la fuerza en una camioneta en donde ocurrió el acto, para luego dejarla en un área sin vigilancia de la Casa de Estudios sin ropa.
Más de 30 casos de abusos en la Central se han dado a conocer en redes sociales, sin embargo, estas personas no cuentan con ningún tipo de protección y la ausencia de protocolos son un agravante.
Yetsy Mayorga, representante de Todos por la Educación en el Táchira dice que si bien el acoso y el abuso no es un tema del que se habla mucho en lo interno de las universidades si lo es.
Mayorga es una de las personas en contacto con el Consejo Universitario para la aprobación del protocolo en la Universidad Católica del Táchira.. “Muchos de ellos sabían de los casos de acoso”.
El acoso es la punta del iceberg, es lo que ven algunos, pero abajo se ven muchísimos casos que no se hablan y que por miedo se callan.
La problemática es tan densa que Mayorga explica que es una realidad compleja y de largo aliento, porque si bien hay muchas leyes sobre el tema estas no se aplican. “Podemos tener un protocolo y puede seguir pasando, incluso el protocolo puede ser ignorado, pero…hay que saber cómo introducir el protocolo a los estudiantes”.
Por eso para Mayorga es importante darle continuidad y multiplicar las actividades de Todos por la Educación quien se encuentra realizando foros, conversatorios, volanteos en distintos estados para hablar de la realidad del acoso y de la necesidad de la aplicación de protocolos. La región andina ya ha hecho uno y Nueva Esparta también.
“En Todos por la Educación queremos sensibilizar y trabajar con enfoque de género, estos espacios permiten a la gente aprender a ver las cosas con esta visión porque eso fortalece el protocolo y le da poder a los afectados para defenderse, y esto no debería ser solo para las universidades sino en todos los espacios”.
