Una marcha nacional ha sido convocada para este jueves 21 de julio. Su meta: llegar a la sede del Ejecutivo y ser recibidos por el mandatario Nicolás Maduro
El Palacio de Miraflores se ha convertido, para los trabajadores del sector público, en un lugar al que desean llegar para ser escuchados. Como lo ratificó este lunes Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, este jueves 21 de julio esperan llegar a la sede del Poder Ejecutivo para ser escuchados directamente por quien consideran que tiene la respuesta a sus planteamientos: el mandatario Nicolás Maduro.
En el ciclo de conflictividad social que se inició con la puesta en práctica del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), los trabajadores se han movilizado en el centro de Caracas, pero sus marchas solo han llegado hasta la esquina de Carmelitas, porque funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana les han impedido ir más allá.
Sin embargo, el miércoles 26 de mayo una delegación de los empleados públicos ingresó al palacio y se reunió con representantes del Despacho de la Presidencia y de la Vicepresidencia Ejecutiva.
Este jueves 21 de julio se proponen movilizarse hasta Miraflores, y así lo ratificaron este lunes. Quieren exigir que se derogue «el instructivo Onapre, porque con ese instructivo nos está robando el Estado venezolano. ¿En este momento eso es subversivo? Seremos subversivos».
La marcha tendrá la esquina de Santa Capilla como punto de partida, y el Palacio de Miraflores como meta. Es «una demostración de heroísmo y de valentía», afirmóJesús Nazareth García, de Supra-Caracas.
Sánchez está convencido de que en Venezuela se aplica «un paquete neoliberal» que ha desregulado el mercado laboral y afectado los derechos de los trabajadores. En ese contexto ubica las detenciones de seis defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales. «Es una guerra contra los trabajadores y así lo denunciamos», reiteró. Incluso, Sánchez denunció que recibe amenazas. «Todos los días a mí me llegan mensajes. Yo sencillamente tengo una cita para ellos: el que quiera alguna cita conmigo que agarre su número y se meta en la cola. Yo a la calle voy a defender el derecho».
Los mensajes dicen, como lo detalló, que «me están preparando expedientes, que nos van a sembrar», y a esto respondió que no ha cometido delitos: «No consumo drogas, no sufro del corazón, no uso armamento. Cualquier cosa que me pase los responsables son los mismos». Pese a todo «nosotros vamos a estar en la calle defendiendo nuestro derecho con la Constitución en la mano, porque nosotros defendemos la Constitución».
Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, aseveró que la respuesta al pliego introducido el 9 de marzo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y posteriormente llevado al Ministerio del Trabajo «está enMiraflores», porque «el Ejecutivo Nacional es el que diseñó, y está ejecutando, toda la política laboral y social en el país».
Todo se concentra en el instructivo de la Onapre y en el memorándum 2792, detalló García. «Es una orden directa, diseñada desde el Ejecutivo Nacional, cuyo presidente es Nicolás Maduro».
Del documento llevado al IVSS «todavía no hay respuesta», critica Emilio Lozada, Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Lozada rememora que el entonces ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, se comprometió a llevar un punto de cuenta a Maduro, pero fue sacado del cargo.
Lozada exigió «que respeten la Constitución, que respeten las leyes».
