El activista de derechos humanos Marino Alvarado, en representación de varias organizaciones sociales, condenó la falta de acción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP) ante la agresión sufrida por un grupo de madres de presos políticos el pasado 5 de agosto frente al TSJ.
Las declaraciones de Alvarado se dieron durante una actividad de solidaridad en las afueras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Altamira, municipio Chacao.
Alvarado saludó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, pero criticó la omisión de las otras instituciones. “No hemos escuchado del principal vocero del Ministerio Público que se van a adelantar las investigaciones”, afirmó, enfatizando que la investigación no debe limitarse a los autores materiales de la agresión, sino también a quienes “dieron las órdenes”.
El activista señaló que la agresión fue coordinada con organismos de seguridad del Estado. Mencionó la presencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que no actuó, y la retirada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) División Antiterrorismo minutos antes del ataque. Alvarado hizo un llamado al fiscal general a utilizar las cámaras de seguridad de la plaza para identificar a los agresores, tal como se hace para identificar y detener a manifestantes.
Marino Alvarado reiteró que la violencia no intimidará a las madres ni a las organizaciones que las acompañan. “Las madres seguirán firmes, los familiares seguirán firmes y nosotros, quienes hemos venido acompañando esta lucha, nos mantendremos también firmes”, sentenció.
Asimismo, saludó el pronunciamiento de la relatora especial de la ONU sobre las libertades de asociación, Dina Romero, quien a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) condenó los hechos y pidió una investigación. Alvarado destacó que el pronunciamiento de Romero “ratifica el derecho a la manifestación pacífica” y espera que otros estados también se pronuncien sobre este grave incidente.
