La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este martes al Estado, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la «reparación integral» a cada una de las posibles víctimas de violaciones de estos derechos.
«Exigimos un acto público de perdón a las víctimas, la reparación integral de cada una de ellas, y libertad inmediata y sin restricciones a todos los presos políticos. Habrá justicia», señaló la ONG en X.
El observatorio reiteró su compromiso de reclamar justicia y visibilizar las «atrocidades cometidas, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias».
El director de la ONG, Humberto Prado, señaló la importancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y otros mecanismos internacionales actúen con «determinación» y sin temor a «las consecuencias políticas, priorizando siempre la justicia y los derechos de las víctimas y sus familiares».
«En este Día de los Derechos Humanos, no tenemos nada que celebrar. Seguimos alzando nuestra voz frente a la grave violación sistemática de los derechos civiles, políticos y económicos en Venezuela», añadió.
Prado explicó que la Corte Penal Internacional (CPI) avanza en su investigación contra presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, pero -sostuvo- «aún queda mucho por hacer para garantizar que los perpetradores enfrenten las consecuencias de sus acciones».
El sábado, el OVP instó al Estado a liberar «sin restricciones» a todos los considerados «presos políticos», detenidos en el contexto de protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«A todos se les negó el derecho de juramentar un abogado de confianza y algunos ni siquiera se encuentran privados de libertad en la jurisdicción en la que supuestamente cometieron el delito», sostuvo la ONG en X.
El OVP indicó que los familiares de estos detenidos «sufren con sus seres queridos tras las rejas», al tiempo que dijo que no cuentan con dinero suficiente para trasladarse de un estado a otro para visitarlos en la cárcel y «tampoco para comprar los alimentos que les permiten llevarles».
Según la ONG Foro Penal, hay 1.905 «presos políticos» en el país, la gran mayoría detenidos tras las elecciones.
