Organizaciones de base exigieron al fiscal Tarek William Saab que designe fiscales que protejan a los trabajadores que protestan pacíficamente
Antes de las 10 de la mañana de este miércoles 14 de junio, hora pautada para la protesta, ya había en Parque Carabobo dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y activistas sociales. También se presentaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y otros identificados como Sebin. La detención de dos trabajadores de Sidor -Daniel Romero y Leonardo Azócar- alarmó a las organizaciones de base, que decidieron acudir al Ministerio Público a consignar un escrito a fin de que el fiscal Tarek William Saab actúe en defensa de los derechos laborales.
Leida Brito, la «abuela del casco rojo», reiteró que la población está cansada de la violación de derechos humanos y reivindicó el derecho a la protesta. «Vamos a seguir en las calles».
Daniel Romero y Leonardo Azócar «estaban cumpliendo su obligación como dirigentes sindicales», subrayó Pedro Eusse, secretario general de la CUTV e integrante del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora.
Ambos participaban «en una acción de protesta legítima frente a violaciones graves que comete el patrono, como desmejora de los salarios e incumplimiento de las convenciones colectiva, desmontaje del HCM». En ese contexto fueron detenidos.
La respuesta del gobierno fue «la represión, igual que lo han hecho en el sector petrolero y en otras empresas del sector público y del sector privado. Represión y criminalización».
En las empresas básicas «los trabajadores estamos exigiendo un salario», aseveró Carlos Villarroel, dirigente de Sidor. «Este es un problema político y la política se resuelve con política». Estimó que estas empresas trabajan a 10% o 15% de su capacidad y recordó que el expresidente de Sidor está preso por presuntos hechos de corrupción.
El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres denunció ante el Ministerio Público este #14Jun que hay más de 10 trabajadores presos por reclamar sus derechos.
La política económica del gobierno «se sostiene sobre el pisotear los derechos de la clase trabajadora», denunció Ángel Arias, trabajador del Ministerio del Trabajo. Arias advirtió que a los trabajadores de Sidor «se les pretende imponer la carátula de terrorismo; los compañeros que fueron detenidos días atrás los van a presentar con la acusación de terrorismo. Ese es el estribillo del gobierno: a todo el que se le ocurre exigir sus derechos le ponen la fulana ley contra el odio o la acusación de terrorismo». Pero «si el salario no nos alcanza para comer, ¿qué se supone que debemos hacer?».
De Parque Carabobo cruzaron la calle hasta la puerta del Ministerio Público, donde gritaron consignas contra el gobierno y nuevamente denunciaron el hostigamiento contra los dirigentes sindicales.
En Venezuela siguen encarcelando a los trabajadores, denunció Roberto Carpio, dirigente de los jubilados del Ipasme.
Una comisión ingresó a la sede del MP a consignar el documento.
Las organizaciones se mantuvieron en protesta en el MP.
