La movilización arrancó a las 11:00 a.m., desde la Plaza Morelos, en Bellas Artes y culminó con la entonación del Himno Nacional en la plaza de La Candelaria, donde se exigió al ejecutivo «el cese de violaciones en el sector educativo, la salud y contra trabajadores de la administración pública»
Hoy se conmemoran 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, representantes de los diferentes gremios de la educación, personal de enfermería, trabajadores, jubilados y pensionados de distintas áreas de la administración pública, consideran que en Venezuela, «no hay políticas que contemplen el cumplimiento de los estatutos que refiere la garantía en el cumplimiento de los DDHH en cada uno de los sectores».
Reunidos en la Plaza Morelos de Bellas Artes -en ciudad capital-, y bajo la consigna «Ni un minuto de descanso por los Derechos Humanos», gremialistas exigieron a la administración de Maduro, cumplir con lo establecido en la Carta Magna venezolana «garantizar la vida, la salud, alimentación, empleo, salarios y pensiones dignas».
Aseguraron que «La paz solo puede durar cuando respetan todos los Derechos Humanos de todas las personas y cuando las naciones son libres, justas y democráticas».
Frente a la Escuela Nacional Experimental Venezuela, la coordinadora de la Unidad Democrática del sector educativo Raquel Figueroa, manifestó que en Venezuela, «los Derechos Humanos son una ilusión» y dijo que actualmente hay solo un 25% de asistencia escolar en todo el país, mientras que la inasistencia de los alumnos a las aulas de clases es de 75%.
«Esto es la representación de una evidente violación a los Derechos Humanos, y en medio de una pandemia en la que no están dadas las condiciones para un regreso masivo, por lo que el alumnado – el de nivel básico y diversificado- decidió migrar de las aulas, muchos ocuparon el campo laboral de manera informal para poder ayudar a sus familias, en el sustento del hogar», sostuvo.
Continuó «tenemos un Estado venezolano y un gobierno que no cumple con sus obligaciones: velar por una educación como Derecho Humano, tal como lo establece el artículo 26 de la Declaración Universasl, pero también la Constitución venezolana, en los artículos 102 al 104 lo establece como obligación del Estados».
«La exclusión, deserción, desigualdad social llegó a las escuelas. No olvidemos que en 2016, el magisterio sufrió una de las peores situaciones, cuyas consecuencias no han sido superadas. Los maestros ocupan las aulas, con salarios de hambre, mientras que otros, han migrado a varios oficios dentro y fuera del país», concluyó la docente.
La movilización continuó hasta el hospital JM de los Ríos, en San Bernardino, allí la presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras manifestó «en Venezuela, el derecho a la vida y a la salud están siendo vulnerados. De los 303 que tenemos en el país, más del 80% no cuentan con el servicio de agua , mientras que el 65% del personal de enfermería se ha ido buscando otros trabajos con salarios que les permita vivir con dignidad. La salud no es gratuita, hay que comprar todos los insumos. Esto va a seguir, porque los pocos insumos que son ingresados a los hospitales son producto de las gestiones de las organizaciones no gubernamentales», dijo.
«Se ha judicializado a médicos y enfermeras, a quienes además se les niega el debido proceso. No queremos impunidad, pero queremos sancionar a todos aquellos que están generando el movimiento migratorio de todo el personal de salud, porque no han cumplido con el artículo 91 de la Constitución: el cual establece que el salario mínimo debe estar por encima del costo de la canasta básica que hoy gira en torno a los $800 mensuales», sumó.
La movilización culminó en la plaza La Candelaria -con la entonación del himno nacional-.
El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Emilio Losada, expresó que este sector es catalogado «como un grupo de sobrevivientes en el país. Son a la fecha 23 mil jubilados y pensionados que se encuentran en varios países del mundo y a quienes les fue quitado el beneficio ganado con años de trabajo en la administración pública».
«Son seis años que suman sin que este derecho les sea reconocido. No dejaremos de seguir alzando la voz para recordarle a la administración de Maduro, para que reconozca ese derecho, que se convirtió en una burla, son cinco años esperando la orden del presidente».
