La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, dijo este jueves que desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de este país, al menos 87 personas fueron detenidas por razones políticas.
«Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno«, señaló en una presentación en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos la jurista e investigadora María Eloisa Quintero, miembro de la Misión.
Según los datos aportados, 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos temporalmente mientras cubrían la jura del cargo de Rodríguez, y otras 27 personas fueron apresadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Además, funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, apuntaron los expertos.
Asimismo, «los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor», señalaron los expertos al presentar un informe oral sobre la situación reciente en Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra.
Los hechos reportados por la Misión cubren el periodo desde el pasado septiembre hasta la actualidad, durante el cual han podido confirmar que el aparato de persecución estatal «no ha sido desmantelado» y ni siquiera se han hecho anuncios que permitan pensar que esto ocurrirá.
«Las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder», declaró la argentina Quintero miembro de la Misión que preside el también experto en derecho internacional canadiense Alex Neve.
La Misión también destacó que pudo corroborar que, desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, al menos 87 personas fueron detenidas por motivos políticos.
Además, de los periodistas y supuestos colaboradores con EE.UU. mencionados anteriormente, una treintena de personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y sus familiares fueron arrestadas por negarse a falsear evidencias relacionadas con el ataque militar de Washington para sacar a Maduro del poder, dijeron.
Esto ocurrió tras un período de intensa represión entre septiembre y diciembre de 2025, durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y el uso continuado de «tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y (las llamadas) casas seguras”.
«Las organizaciones de la sociedad civil y los escasos medios independientes que todavía existen son aún objeto de ataques, hostigamiento e intimidación», recalcó Quintero.
Sobre las excarcelaciones de presos políticos de los últimos meess, la Misión lo consideró un paso positivo, aunque carente de transparencia y mencionó que «no hay datos ciertos y únicos sobre su identidad y número», recordando que mientras el gobierno habla de 626 personas liberadas, las oenegés estiman que se trata de muchas menos.
Sobre la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, se cuestionó que ésta «no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos», y que tampoco contempla investigaciones independientes ni reparación para las víctimas.
