Marino Alvarado afirma que el gobierno de Maduro «tiene un gran desespero» debido a la demanda en la CPI

Alonso Calatrava Rumbos

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El activista de Provea resaltó que dicha investigación pudiera ocasionar una orden de captura a los posibles responsables de la violación a los derechos humanos en Venezuela

Este viernes, el abogado y coordinador de investigación de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, dijo a Contrapunto, que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un gran desespero sobre la demanda del Grupo Lima y varios dirigentes de oposición ante la Corte Penal Internacional (CPI), que pudiera entrar en fase de investigación contra varios dirigentes del chavismo.

«Hay bastante posibilidades de que eso ocurra, lo que significa que la Corte Penal no solo diga que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, sino que hay unos responsables que se pudieran someter a una investigación por parte del organismo», dijo Alvarado en una llamada telefónica.

En ese sentido, afirmó que «puede ser investigado hasta Nicolás Maduro», porque no sería la primera vez que la Corte Penal abre una investigación a un mandatario en ejercicio de su periodo presidencial, además de que estarían implicados también los directores de los cuerpos de seguridad como: Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros organismos.

Alvarado resaltó que, dicha investigación pudiera ocasionar una orden de captura a los posibles responsables de la violación a los derechos humanos en Venezuela, si la Corte Penal llega a la conclusión de que dichas acusaciones serían ciertas.

«Están tratando (la administración de Maduro) de demostrar que no ocurren estas denuncias y de que trabajan en favor de los derechos humanos. Un ejemplo sería la reestructuración de la Policía Nacional, que no fue anunciada por las autoridades, o como en el caso del Teniente Acosta Arévalo, que se imputó a los responsables por su muerte, pero no se investigó al director del DGCIM», aseveró.

Además de eso, enumeró lo que pudiera ocurrir si dicha investigación inicia:

1- La víctimas pasan a jugar un factor clave, ya que la Corte Penal empezaría a tener declaraciones directas de las víctimas o de testigos de estos hechos que formarían parte de la investigación.

2- La Corte Penal pudiera dictar ordenes de captura o solicitud de comparencia de los señalados de haber cometido los crímenes de lesa humanidad.

3- Al iniciar la fase de investigación y si se cometen otros delitos contra los derechos humanos se consignan al expediente de la Corte Penal Internacional. 

Por su parte, el Fiscal General de República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo el pasado jueves que su despacho ha colaborado “plenamente” con la investigación que desarrolla la Corte Penal Internacional (CPI), sobre crímenes de lesa humanidad en contra de Venezuela.

Durante esa declaración, el fiscal Saab afirmó que “han trabajado duro y con respeto, enmarcado en el estricto respeto al derecho internacional, con profesionalismo, con el debido respeto a la personas en este caso asistidas por las instituciones”.

Además, aseveró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “ha hecho silencio”, con respecto a “los casos de abuso a los derechos humanos en contra de Venezuela”, denunciados por su despacho.

E igualmente anunció, que las autoridades del Ministerio Público entregaron un documento y se comprometieron con la fiscalía de la Corte Penal Internacional para transmitir información debidamente sobre los casos de violación de derechos humanos en el país.

“¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?”, cuestionó Saab en una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

Por otro lado, instó que la Fiscalía de la CPI debe informar su posición sobre la información suministrada por el gobierno de Nicolás Maduro “para sacar el máximo partido la voluntad de colaboración”.

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