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domingo, 23 junio, 2024
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Madres, padres y autoridades de centros educativos son los principales agresores de niñas, niños y adolescentes venezolanos

Texto y fotos: Vanessa Davies

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En el informe «Somos noticia: Capítulo vulneraciones de los derechos de los niños», elaborado por Cecodap y presentado este martes 31 de mayo, se advierte que la integridad personal, física y psicológica, «constituye el derecho más vulnerado»

La violencia física y psicológica, malos tratos y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes son una amenaza en tiempo presente en Venezuela. En el informe «Somos noticia: Capítulo vulneraciones de los derechos de los niños», elaborado por Cecodap y presentado este martes 31 de mayo, se advierte que la integridad personal, física y psicológica, «constituye el derecho más vulnerado». Son las madres, los padres y las autoridades de centros educativos los principales agresores, expone el informe que evalúa el periodo abril 2021-marzo 2022.

Como lo recoge el resumen entregado a los medios de comunicación «al caracterizar los casos se encuentran situaciones de violencia física, psicológica, malos tratos y abuso sexual contra niños y adolescentes». También se constata «un contexto de mucha adversidad para los padres, madres y cuidadores para que puedan ejercer sus responsabilidades de crianza de forma compatible con la dignidad».

Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, subrayó que el segundo derecho más vulnerado es el derecho a la familia. Hay conflictos en la familia, relacionados con patria potestad y la convivencia, entre otros factores.

Miedo a denunciar

Los padres se han involucrado más en los procesos de protección casi igual que las madres. «Se desmonta el mito de que los padres no se interesan por la necesidad de garantizar los derechos de sus hijos».

En este periodo «ha habido mayor recepción de casos» en los consejos de protección, indicó Trapani. «Rescatamos que los consejos de protección han fortalecido esa capacidad» de atención. Los consejos atendieron cuatro de cada 10 casos, apuntó.

Pero también se han encontrado con que una parte de las personas no quiere denunciar. Esto «obedece al miedo, obedece a la desinformación, al acceso físico a estos espacios» y también a experiencias previas negativas que generan desesperanza.

«Un vecino escucha que a la niña de al lado le caen a golpes casi a diario» y es posible «que le dé miedo» denunciar porque a lo mejor el papá es un funcionario, explicó Ángela Villafranca, responsable de gestión de casos en el servicio de atención jurídica de Cecodap.

De los 32 casos remitidos al Ministerio Público más de 30% fueron atendidos, comentó Trapani. «Ha habido una mayor capacidad de captación de casos», refirió. Sin embargo, también en este escenario hay temor a denunciar, dificultades para el acceso físico.

Como coordinador de Cecodap enfatizó que, en la medida en que la víctima tenga acompañamiento psicosocial, su disposición será distinta «para hacer frente a estos casos».

En las instituciones públicas también ocurre «el peloteo», puntualiza Villafranca: La persona va a una oficina y le responden «no tengo capacidad, ve al consejo de protección; o no me corresponde, y ve al Ministerio Público. La persona se cansa y no la atienden, y llega nuevamente a mí y dice no me atendieron, no me dieron respuesta».

Trapani hizo un reconocimiento al aumento de las capacidades de la sociedad civil «que ha desarrollado una capacidad resolutiva y de acompañamiento de víctimas». Entre 2021 y 2022 8 de cada 10 casos atendidos por Cecodap fueron remitidos por organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, llamó la atención sobre «la desasistencia en el interior del país: mientras más alejados de la capital, menos servicios de atención hay». Fuera de Caracas «no hay servicios de acompañamiento psicológico, no hay servicios de acompañamiento jurídico, no hay programas para las familias».

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