El 13 de octubre se escucharon disparos en Colombia y no estaban dirigidos a ciudadanos colombianos: los recibieron los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche. Ambos han logrado recuperarse, pero lo que hay detrás del ataque sigue siendo objeto de comentarios. La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, una de las fundadoras de Provea y consultora internacional, considera que el caso está muy lejos del supuesto «tema pasional» al que han aludido algunos voceros oficiales.
En respuesta a un cuestionario enviado por contrapunto.com, remarca que hasta ahora se desconoce «el móvil detrás de este atentado», pero «sí está muy claro cuáles no son las causas». Este hecho, sostiene, «no fue delincuencia común, porque fueron seguidos en la puerta de su casa; por la cantidad de disparos; porque no hubo ningún tipo de robo ni ninguna otra situación que denote que haya sido delincuencia común». No se trata «de un ajuste de cuentas, como se difundió en algunos medios de comunicación de Colombia».
Tampoco es «un tema pasional, como ha pretendido hacer ver el gobierno en Venezuela». Esas hipótesis «no tienen ninguna base».
El pasado miércoles el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, dejó entrever que podría tratarse de un asunto amoroso. Eso «evidencia que hay un interés, por parte del gobierno, de distraer la atención en una dirección diferente. Es cierto que Luis y Yendri comparten una vivienda, pero es lo único que comparten», critica Bolívar.
«Yendri es reconocido como dirigente de la comunidad Lgbti, mientras Luis no lo es; Luis es heterosexual. Hay solidaridad, que es muy frecuente entre venezolanos en el exilio: uno llega y se apoya en otro, viven provisionalmente juntos y después cada quien va haciendo su vida. Al querer sugerir que Luis es Lgbti, que no sería ningún problema si lo fuera, lo que quiere el gobierno es desviar la atención; se nota que no conocen a la persona», expone.
Este atentado, enfatiza, «es un acto político», aunque «no sabemos si el atentado iba dirigido a Luis, a Yendri o a ambos». Lo que está por determinarse «es cuál sería la motivación de fondo para esto».
Después de la angustia inicial ya se sabe que «tanto Luis como Yendri se encuentran fuera de peligro», aunque la recuperación de Velásquez «va a ser un poquito más lenta» e incluso debe ser sometido a otra cirugía.
Como lo recuerda la defensora de derechos humanos, Velásquez «es solicitante de refugio desde hace un año, y Luis es una persona con doble nacionalidad, adquirió la nacionalidad colombiana; ambos salieron de Venezuela por persecución política, en ambos casos el telón de fondo es el mismo, pero las circunstancias de su condición migratoria son diferentes». Velásquez «tuvo que salir el año pasado, después de que en agosto pasado iba a participar en las sesiones del comité para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas en Ginebra, y cuando iba a abordar el avión su pasaporte estaba anulado, él fue detenido y eso significó una situación traumática que lo llevó a la decisión de salir de Venezuela y solicitar el refugio en Colombia».
Bolívar confía en que, al haber independencia de poderes en Colombia, se podrá conocer la verdad de lo que sucedió. «Colombia tiene varios compromisos en este caso de Yendri y de Luis. El primer compromiso es asegurar inmediatamente su protección; eso ya se está gestionando. En Colombia existe la Unidad Nacional de Protección, que genera estos esquemas para personas en riesgo» y que «ya está al servicio de ellos». Otro compromiso es la investigación independiente e imparcial «que identifique a los responsables de estos hechos», así como «extender la protección al marco legal»; es decir, que Velásquez tenga la condición de refugiado «y que ese refugio tenga consecuencias jurídicas».
La figura del refugio también debe ser aplicada a otros venezolanos en Colombia, insiste la defensora. «Que un número de un salvoconducto no sea la barrera para obtener acceso a la salud o a una cuenta bancaria o a un sistema de prevención de riesgos laborales». Este compromiso es imprescindible, especialmente porque, como lo mostró el más reciente informe de Provea sobre derechos de migrantes en Colombia, «esa población se encuentra en un limbo producto del desmantelamiento de las políticas que existían en materia migratoria».
