La Asamblea Nacional puede aprobar una ley, sentencia Pero García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital. En el acuerdo nacional entramos todos, destaca Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud
Como si se tratara de una procesión las organizaciones de jubilados y pensionados que marcharon en Caracas el 29 de mayo llevaron tres cartas a igual número de instituciones: la Asamblea Nacional (AN), para solicitar una ley que incremente salarios y pensiones; el Palacio de Miraflores, para demandar un decreto presidencial con el mismo fin; y el Ministerio del Trabajo, para recordarle su compromiso con los trabajadores.
La asamblea puede «hacer una ley de aumento de salarios y pensiones acorde con la Constitución. Es una facultad constitucional, lo puede hacer», sentencia Pero García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital. El Ministerio del Trabajo puede ordenar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) «que pague las pensiones a los pensionados en el exterior» y cumpla con la entrega de medicamentos de alto costo.
El ejecutivo, indica García, «tiene la facultad de decretar un aumento inmediato de sueldos, salarios o pensiones».
Otro sector, agrupado en la Red Sindical, propone la ruta del acuerdo nacional. «Aquí la vía es respetar la Constitución. El artículo 91 señala que el salario debe ser digno y suficiente. En Venezuela eso se violenta. No hay voluntad política para respetar la Constitución», advierte Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud.
«¿Solución para mí? Más que un decreto o una ley, un gran acuerdo nacional en el que entremos todos; en el cual el gobierno sectores opositores, independientes y sociedad civil trabajen para salir de la crisis y darle respuesta a la gente, que es lo que quiere».
Daniel Hernández, directivo del sindicato de hospitales y clínicas, insiste en que todos deben ponerse de acuerdo. «¿Qué soluciones veo? Sentarnos con sinceridad; no son aplausos de foca. Con sinceridad sentarnos en una mesa de diálogo nacional, porque los problemas no están solo en Caracas, sino que están a escala nacional», explica.
En estas condiciones Hernández teme que las reducciones continúen: «Ahora nos pueden quitar hasta el salario, porque nos lo rebajaron. Ya no existe el salario mínimo» y encima no hay a quién reclamarle en la plataforma Patria. «No te pagaron el bono. ¿A quién le reclamas? Nadie te da respuesta».
Dinero sí hay, afirma García, pero «está mal distribuido» entre «un grupito de privilegiados que tienen camionetotas 4×4». El parámetro, añade el docente, debe ser canasta básica, «sueldos y salarios suficientes».
