La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri) ha confirmado que la Defensoría del Pueblo (DPV) de Venezuela perderá su certificación internacional debido al incumplimiento de los estándares de autonomía y funcionalidad exigidos a nivel global.
Tras una evaluación exhaustiva, el Subcomité de Acreditación (SCA) determinó que el organismo venezolano no cumple con los Principios de París, el marco normativo que garantiza que las instituciones de derechos humanos operen con independencia del Poder Ejecutivo, pluralismo y capacidad de investigación real.
Un historial de degradación institucional
La decisión del SCA marca la culminación de un proceso de cuestionamientos que se remonta a casi dos décadas. El historial de la DPV refleja un debilitamiento sostenido de su estatus internacional:
- 2007–2012: Primeras evaluaciones negativas bajo la gestión de Gabriela Ramírez.
- 2016: La institución fue degradada de Categoría A (cumplimiento pleno) a Categoría B (cumplimiento parcial) durante la gestión de Tarek William Saab.
- 2024: El dictamen actual ratifica que la institución funciona de manera que «compromete gravemente su independencia».
Causas del dictamen negativo
El informe técnico del SCA subraya puntos críticos que motivaron esta sanción, destacando la irregularidad en la designación de autoridades y la omisión de funciones básicas:
«La Defensoría no ha demostrado que cumple los requisitos mínimos de los Principios de París», dicta el informe del SCA.
Consecuencias internacionales
A partir de 2026, la Defensoría del Pueblo de Venezuela quedará excluida de participar con voz y voto en los debates de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y en las actividades de la Ganhri. Esta medida reduce la representación del Estado venezolano en foros globales de protección ciudadana.
Aunque la DPV mantendrá el Estatus B hasta la 48.ª sesión del SCA en 2026, brindando una última oportunidad para presentar pruebas de rectificación, los antecedentes de falta de enmienda sugieren que la pérdida definitiva de la acreditación es el escenario más probable.
Con información de la ONG Alerta Venezuela
