«Las ONG, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y los activistas de derechos humanos informaron que limitaron o cesaron sus actividades por temor a ser procesados. Muchos informaron haber salido del país por rumores de investigaciones u órdenes de aprehensión en su contra»
En la actualización de la situación en Venezuela que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que fue difundida este miércoles, se señala al gobierno de Nicolás Maduro de múltiples acciones contra actores de la sociedad civil.
El informe muestra que se mantienen los procesos legales contra activistas que puedan ser considerados «incómodos», así como los ataques. Defensores de derechos humanos, tal como se documentó, han debido recurrir a la autocensura o al exilio para proteger sus vidas.
«Múltiples actores de las Naciones Unidas abordaron las restricciones indebidas, el acoso y la difamación pública de los actores de la sociedad civil, inhibiendo su compromiso con las Naciones Unidas. El ACNUDH y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales siguieron expresando su preocupación por la legislación que obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales se enfrentan a procesos penales relacionados con su labor, incluida la ejecución de los programas humanitarios de las Naciones Unidas», reza el documento.
«Las ONG, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y los activistas de derechos humanos informaron que limitaron o cesaron sus actividades por temor a ser procesados. Muchos informaron haber salido del país por rumores de investigaciones u órdenes de aprehensión en su contra. Otros decidieron ejercer la autocensura».
Según la información recibida por el ACNUDH durante el período del informe «varias ONG y su personal incluidos en informes anteriores continuaron expuestos a ataques en línea y estigmatización por parte de portales en línea afiliados al gobierno en relación con su cooperación con la ONU o después de ella. Las ONG involucradas son Provea, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Foro Penal. Estas ONG han sido retratadas como conspiradoras contra el país, fomentando una agenda de agresión contra el país y de publicar acusaciones falsas».
Hay leyes vigentes, o en proceso de adopción, «que afectan el funcionamiento de las ONG, incluida su cooperación o compromiso con la ONU». Continúa la preocupación por «los controles legales y administrativos adicionales introducidos en el registro, la financiación y el funcionamiento de las ONG».
La oficina registra «un aumento de las amenazas y el acoso contra la Sra. Theresly Malavé Wadskier tras la publicación y presentación del informe de la Misión Independiente de Investigación sobre Venezuela en septiembre de 2021, que incluía una serie de casos que ella representó. Esos casos están vinculados a presuntas violaciones por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). La Sra. Malavé es abogada de derechos humanos y directora y miembro fundadora de la organización “Justicia y Proceso Venezuela” (JUYPROVEN)».
Luego de la presentación del informe de la Misión de Investigación «la señora Malavé habría sufrido un recrudecimiento del hostigamiento por parte de funcionarios del Juzgado Primero Especial de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Jurisdicción Nacional en Terrorismo, donde actúa como defensora legal en varios juicios de alto perfil. casos, así como vigilancia física e intimidación en su domicilio por parte de funcionarios de la DGCIM. Debido a esta situación, parte de la familia de la señora Malavé se mudó fuera del país».
Según información recibida por la oficina el 10 de marzo de 2022, la Sra. Karen Caruci, abogada de derechos humanos que habría sido objeto de detención arbitraria y tortura o malos tratos en diciembre de 2020, fue detenida nuevamente en relación con su exposición en las redes sociales de la corrupción en la oficina de la Fiscalía General del estado de Lara. «La señora Caruci representa a presuntas víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes presuntamente perpetrados por agentes de seguridad del Estado. En abril de 2021, un juzgado de primera instancia penal otorgó medidas de protección nacional a la señora Caruci. El 11 de marzo de 2022, un juez del Tercer Juzgado Especial de Primera Instancia en Materia de Terrorismo con sede en Caracas habría confirmado el cargo de incitación al odio contra la Sra. Caruci, y fue puesta en libertad condicional el mismo día, pendiente de investigación. El ACNUDH está monitoreando el caso y en contacto con las autoridades pertinentes».
La ONU también tomó nota de la situación de Azul Positivo. «El caso de la ONG Azul Positivo y sus cinco integrantes, los Sres. Johan Manuel León Reyes, Yordy Tobias Bermúdez Gutierrez, Layners Christian Gutierrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ramón Ferrebuz Canbrera, fue incluido en el informe 2021 de la Secretaria- General sobre la detención y los cargos penales supuestamente en relación con su trabajo como socios implementadores de la ONU. El Gobierno respondió y rechazó las alegaciones de varios titulares de mandatos, especificando que los acusados estaban detenidos por la comisión de delitos financieros y que durante el proceso se respetaron las garantías procesales y las garantías procesales».
Azul Positivo «brindó ayuda humanitaria a las comunidades del Zulia, en particular a las personas que viven con VIH/SIDA. En su informe de 2021, ACNUDH citó la conexión del caso Azul Positivo con la implementación de programas de transferencias monetarias como parte del plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas, y señaló que esos hechos generaron un clima de temor y llevaron a la suspensión de la asistencia humanitaria. programas. Según información recibida, al 30 de abril de 2022, los procesos penales contra los cinco integrantes de Azul Positivo continúa».
La oficina aborda el caso de la jueza Lourdes Afiuni, que «fue incluido en los informes del Secretario General de 2019, 2020 y 2021, así como en informes anteriores desde 2010, sobre denuncias de detención arbitraria y malos tratos tras una decisión dictada en su calidad de juzgar sobre la base de la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Su detención fue calificada de arbitraria por la Mesa de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en septiembre de 2010. Según los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales, la sanción de la señora Afiuni representa un caso emblemático que ha generado temor generalizado entre los jueces del país de emitir sentencias contra el Gobierno. El Gobierno respondió con detalles sobre procedimientos judiciales pasados y en curso y afirmó que se había garantizado el debido proceso en todo momento».
El 16 de septiembre de 2021 la Misión Internacional de Investigación sobre Venezuela «afirmó que el arresto y procesamiento de la jueza Afiuni había generado un clima de temor entre jueces y fiscales, y que muchos se negaron a hablar con la Misión por temor a represalias. En noviembre de 2020, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema resolvió desestimar el recurso de apelación de la señora Afiuni y confirmó su sentencia de cinco años de prisión dictada el 21 de marzo de 2019. Según información recibida por la OACNUDH, el 17 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero de Ejecución de Caracas negó la solicitud de la jueza Afiuni de salir del país para asistir a una cita médica en el exterior. Según los informes, el tribunal indicó que no se había realizado los exámenes psicosociales para optar por una sentencia alternativa. El 11 de abril de 2022 la jueza Afiuni se sometió a los exámenes y entrevistas ante el Ministerio Penitenciario y se encuentra a la espera de los resultados. El ACNUDH está monitoreando el caso y en contacto con las autoridades pertinentes».
Este es el reporte sobre el concejal Fernando Albán: «El caso del señor Fernando Albán, opositor político del partido Primero Justicia, fue incluido en los informes del Secretario General de 2019, 2020 y 2021 tras su detención y muerte bajo custodia en agosto de 2018, tras regresar de Nueva York donde se reunió con diferentes actores al margen de la Asamblea General. El informe de 2021 de la Misión Internacional de Investigación sobre Venezuela incluyó el caso del señor Alban, señalando que en mayo de 2021 el Fiscal Jefe informó sobre avances en lo que calificó de casos emblemáticos, incluido el del señor Alban, luego de haber recibido preguntas de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional».
En este y otros dos casos «la Misión observó que el alcance de las investigaciones se limitaba a delitos menos graves o solo los perpetradores de nivel más bajo enfrentaban procesamiento penal, o ambos. Según información recibida por la ACNUDH, el 3 de diciembre de 2021, dos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se declararon culpables y fueron condenados a 5 años y 10 meses por los delitos de homicidio culposo, infracción de las normas privativas de libertad, asociación delictuosa y complicidad agravada. fuga en relación con la muerte del señor Albán. El 18 de marzo de 2022, durante su actualización oral al Consejo de Derechos Humanos, la Misión Internacional de Investigación sobre Venezuela informó que en febrero de 2022, la Sala Décima de la Cámara Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a los agentes del SEBIN a 2 años y 8 meses, los agentes habrían sido liberados».
