Un nuevo informe de derechos humanos publicado por la organización Un Mundo Sin Mordaza documenta lo que define como patrones verificables de vigilancia, hostigamiento y represalias ejercidas por el Estado venezolano contra ciudadanos fuera de sus fronteras. El estudio, difundido el 9 de febrero, expone cómo estas prácticas extienden la persecución política más allá del territorio nacional y afectan a la diáspora venezolana.
El informe de Un Mundo Sin Mordaza analiza un conjunto de hechos documentados que evidencian la existencia de una política sostenida de represión transnacional. Según el documento, autoridades y operadores vinculados al Estado venezolano han desplegado mecanismos de seguimiento, intimidación y castigo dirigidos a personas que residen en otros países, en particular activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de opositores.
La investigación identifica patrones de actuación que incluyen vigilancia digital, recopilación de información personal, campañas de hostigamiento y amenazas, así como represalias indirectas contra parientes que permanecen en Venezuela. Estos métodos, señala el informe, buscan inhibir la participación cívica y el ejercicio de la libertad de expresión de ciudadanos venezolanos en el exterior.
El estudio recoge casos concretos verificados que ilustran «como la persecución se materializa fuera de las fronteras nacionales». En varios de ellos, las víctimas reportan seguimientos sistemáticos, intentos de intimidación y presiones destinadas a silenciar denuncias públicas o actividades de incidencia internacional. El informe subraya que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de un patrón consistente en el tiempo.
“El Estado venezolano ha desarrollado mecanismos que permiten extender la persecución política más allá de su territorio, afectando derechos fundamentales de ciudadanos que se encuentran bajo jurisdicción de otros Estados”, señala el informe.
Para Un Mundo Sin Mordaza, este fenómeno representa una evolución de las formas tradicionales de represión. “La documentación recopilada demuestra que la represión no termina en la frontera: se adapta y se proyecta sobre la diáspora como una forma de control y castigo extraterritorial”, afirmó un vocero de la organización.
La publicación se inscribe en un contexto de deterioro prolongado de las garantías democráticas y de derechos humanos en Venezuela. Desde hace varios años, organismos internacionales han advertido sobre la existencia de patrones de persecución política, criminalización de la disidencia y uso del aparato estatal para silenciar voces críticas.
El informe explica el concepto de represión transnacional como el conjunto de acciones mediante las cuales un Estado busca controlar, intimidar o castigar a sus ciudadanos fuera de su territorio. A diferencia de otras formas de injerencia, estas prácticas se dirigen específicamente contra personas identificadas por su activismo o por su capacidad de incidencia internacional.
En el plano regional e internacional, el documento advierte que estas conductas generan implicaciones legales y diplomáticas relevantes. La persecución más allá de las fronteras puede vulnerar la soberanía de los países de acogida y contravenir obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, protección de refugiados y libertades civiles.
El impacto sobre la diáspora venezolana es central en el análisis. El informe destaca que el miedo a represalias, incluso a distancia, condiciona la vida personal y la participación pública de miles de venezolanos que han emigrado en busca de protección y oportunidades.
