Durante el año 2024 se registraron 522 muertes a manos de organismos del Estado de los cuales el 65% fueron jóvenes entre 18 y 30 años, lo que es leído por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) como una criminalización de los jóvenes venezolanos de los sectores populares.
En el informe Anual de Provea 2024 sobre la situación de los derechos humanos en el país se llama la atención sobre el recrudecimiento de actos categorizados como represión que han «marcado un récord», desde que se hace este informe.
Lissette González, coordinadora de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea, presentó un resumen del informe número 36 de Provea y destacó los problemas de acceso a la alimentación de los venezolanos atados al bajo salrio mínimo y los problemas económicos que han repercutido en la producción y la superficie sembrada en el país.
Llama la atención sobre las variables de económica y social en funcióon de visibilizarla porque las violaciones a los derechos civiles y políticos opacan las carencias estructurales que afectan la cotidianidad de los venezolanos.
El informe registra que hubo 2.635 violaciones a la libertad personal, lo que significa un aumento del 1.347,8% al compararlo con el 2023. El 94% de los casos se vinculan con las protestas postelectorales
Asimismo indica que 2.224 personas fueron víctimas de «tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes», lo que según las cifras esbozadas por Lisstte González representan un incremento del 88,1%.
Criminalización de jóvenes
Con respecto a la criminalización de los jóvenes señala la coordinadora de investigación, monitoreo y difusión de Provea que «es una tendencia que ya tiene años, porque los operativos de seguridad ciudadana, que es en donde mueren la mayoría de estas personas, se entiende que ese joven, hombre, del barrio popular, es un delincuente».
«Por esto el policía, el militar, quien sea que está a cargo de ese operativo, le parece justificado el uso excesivo de la fuerza en el operativo de seguridad ciudadana», señala González.
«Es una criminalización del joven pobre. Para el funcionario policial, todo el que está ahí, que es varón, que es medio morenito y vive en el barrio, es un malandro, por lo tanto, no hay una consideración de los derechos de esa persona», alerta de González.
Indicó que en los informes se habla de «ejecuciones extrajudiciales, porque hay una condena por parte del funcionario allí y eso es completamente ilegal».
