«Confiamos en la justicia y por eso es que venimos, a los 34 años, al pedirle al fiscal de la República. El fiscal de la República es amistad mía, hace años nos iba a visitar. Le pido por favor que agilice el expediente, como fiscal general. Venimos aquí pacíficamente. Nosotros todo el tiempo hemos sido pacíficos, somos unas personas humildes. Él sabe cómo somos nosotros», expresó uno de los dos sobrevivientes de la masacre perpetrada el 29 de octubre de 1988 en la que fueron asesinados 14 pescadores en el estado Apure
Wolmer Pinilla tiene 60 años y no ha perdido la sonrisa. Incluso, asegura que no ha dejado de pescar. Este sábado 29 de octubre se cumplen 34 años del día que le cambió la vida; del día cuando dejó de ser un pescador del estado Apure, para convertirse en un sobreviviente de lo que pasó a la historia venezolana como la masacre de El Amparo, perpetrada por civiles y militares que integraban el Comando Específico José Antonio Páez (Cejap). «Han sido 34 años de lucha, y ahí estamos», afirma Pinilla. Esto «cambió mi vida, porque no es igual que a uno lo estén acusando de una cosa, que ser como era antes: libre, una persona dedicada a sus labores de trabajo».
Después de la masacre, Pinilla reside en la zozobra: «Uno no sabe si lo vienen a buscar, si lo están vigilando; no es igual que si usted anda tranquilo. Pienso todavía en mis compañeros, porque eso fue una masacre y seguiremos enfrentando esa masacre».
Sigue siendo un hombre sencillo. El hombre que considera que el fiscal general, Tarek William Saab, es su amigo, y sigue siendo el defensor de derechos humanos que acompañó una parte de su recorrido en busca de justicia. «Masacraron a nuestros compañeros en el estado Apure y venimos a pedir justicia. Como sobrevivientes confiamos en la justicia venezolana». Agradece que los hayan acompañado «en las buenas y en las malas» y afirma que, como sobrevivientes, «seguiremos adelante luchando por la dignidad de las personas y para que el caso de El Amparo no quede en la impunidad».
«Confiamos en la justicia y por eso es que venimos, a los 34 años, al pedirle al fiscal de la República. El fiscal de la República es amistad mía, hace años nos iba a visitar. Le pido por favor que agilice el expediente, como fiscal general; venimos aquí pacíficamente. Nosotros todo el tiempo hemos sido pacíficos, somos unas personas humildes. Él sabe cómo somos nosotros».
En estos 34 años «ha habido sentencias, pero no han sido justas las sentencias». Hacer justicia, tanto tiempo después, es que los culpables «sean detenidos y que pagaran justamente lo que tienen que pagar; no estar tres días en una cárcel y después salir. Necesitamos que se haga justicia. Confiamos en el fiscal. Tarek es amigo mío, es amistad mía y por eso estoy aquí».
En la impunidad
«El caso sigue en la impunidad. Después de más de tres décadas, y a pesar de que hay declaraciones de altos funcionarios del gobierno nacional sobre la voluntad para investigar, aclarar y beneficiar las peticiones de justicia de las víctimas, la realidad es que el caso, por razones jurídicas, sigue estando estancado en este momento», recuerda Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.
La Sala Penal del TSJ debe remitir lo que falta del expediente a la Corte de Apelaciones del estado Apure. Pero, más allá de los obstáculos jurídicos, Uzcátegui alude a las razones políticas. «Hay una ausencia de un real funcionamiento del sistema de justicia en beneficio de los ciudadanos. Solidarizarse con El Amparo es solidarizarse con las víctimas de la OLP y de tanta gente que sigue pidiendo justicia y lamentablemente las instituciones no están a su favor».
Además, valora que no hay voluntad real de sancionar a los responsables, porque eso sería «investigar a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo Ramón Rodríguez Chacín, uno de los funcionarios involucrados en el caso de El Amparo». Es decir, está operando «una simulación de justicia y no hay real voluntad de aclarar».
Por El Amparo «solo se ha cumplido la indemnización a los familiares y a los sobrevivientes» pero «eso no es una justicia completa; solo es una parte», reitera el coordinador de Provea.
Cada 29 de octubre es un día de tristeza y de angustia para Wolmer Pinilla. «Ese día se apagaron las luces de nuestro estado Apure, ya que mataron a unas personas inocentes y los hicieron pasar por subversivos algunas de las autoridades del Estado venezolano». Sin embargo, aboga por el entendimiento: «Yo no apoyo la violencia. Nosotros venimos aquí como sobrevivientes a pedir justicia».
