El director de Fundaredes y sus dos compañeros fueron detenidos el pasado 2 de julio en el estado occidental de Falcón y posteriormente acusados por la Fiscalía de estar recibiendo instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden
La ONG venezolana Fundaredes pidió este lunes a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, poner su atención en el caso de los tres activistas de esta organización que se encuentran presos, su director Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García.
«Le pedimos a la alta comisionada para los DDHH Michelle Bachelet que atienda el caso de los activistas de FundaRedes. Su salud se está deteriorando en el Sebin (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), requieren una medida humanitaria. No son delincuentes, no han cometido ningún delito», dijo la ONG en un mensaje en Twitter.
El director de Fundaredes y sus dos compañeros fueron detenidos el pasado 2 de julio en el estado occidental de Falcón y posteriormente acusados por la Fiscalía de estar recibiendo instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden.
Según la Fiscalía, detrás de las agresiones estaba una «intervención militar extranjera», aunque no ofreció detalles ni pruebas de la acusación.
Tarazona es conocido por denunciar la presencia de la guerrilla colombiana en el país y fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure, sector La Victoria, (fronterizo con Colombia) que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
Tanto Tarazona como sus dos compañeros se encuentran imputados por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».
Antes de su detención, el activista y sus dos compañeros habían presentado unas denuncias en el Ministerio Público para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como la extinta FARC y el ELN, algo que la Fiscalía calificó de «difamaciones».