“Lo que queremos es que no nos regresen al círculo represivo de donde venimos. Venimos de un Triángulo de Las Bermudas que pasa entre el tribunal, la Fiscalía y Defensa Pública, donde estamos en un estado total de indefensión. Queremos que nos atienda directamente la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, así como lo establece el artículo 15 de esa Ley”.
Esta afirmación la hace una Emma Ortega, quien es una de las familiares de los más de 170 trabajadores PDVSA que se encuentran detenidos y a los que no se le ha respetado el debido proceso, según denuncian, y además han sido sometidos a tratos crueles y aislamiento.
Este grupo de familiares se han incorporado a la exigencia de justicia de manera pública, ya que durante 17 meses no han sido atendidas sus demandas de justicia.
Al consultarles el porqué estos casos no se habían visibilizado señalan que el miedo, el amedrentamiento por parte de algunas instancias oficiales, inhibieron sus acciones en este sentido.
Indicaron que tras los eventos del 3 de enero de 2026 decidieron sumarse a las protestas en defensa de los derechos de los privados de libertad por razones políticas “y rompimos el celofán”.
Las familiares son hermanas, madres, esposas y exesposas de los trabajadores y sostienen que existe un patrón en la detención de estos ciudadanos entre las que se encuentran además cuatro mujeres.
Entre las irregularidades que denuncian señalan el bloqueo a la información de sobre los casos.
“Hay reserva de las actas”, es la respuesta que han recibido durante más de un año, lo que consideran una respuesta inadecuada, porque según la experiencia legal la reserva del actas no puede ser de manera permanente.
Señalan que al igual que los casos de presos políticos que se ha visibilizado en los medios de comunicación y se han denunciado ante las autoridades, en sus casos que superan los 170 presos políticos, no han podido acceder a la defensa de abogados de su confianza.
Esto se agrava porque no se sienten atendidos por los defensores públicos asignados, que no han cumplido con el deber de conversar con los implicados antes de acudir a las audiencias.
Asimismo indican que ya tres personas con acusaciones del mismo tenor y por las mismas razones han sido liberadas, por lo que solicitan equidad y la igualdad ante la ley que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Los familiares de este caso denominado PDVSA Obrero exigen ser escuchadas por la Comisión de Seguiento de la Ley de Amnistía para solictar que este caso sea considerado dentro de los casos que no están previstos en los 13 hechos “objeto de la aplicación de la ley de Amnistía”, pero que pueden ser evaluados.
Señalan que no han recibido respuesta de ninguna instancia y se sienten «en un limbo» y reiteran que no quieren regresar a los que consideran un “círculo represivo que las hace pasear entre el tribunal de la causa, la Fiscalía y la Defensa Pública”, como lo señala con vehemencia Zimarú Fuentes.
