Un grupo de extrabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) procedentes de diversas regiones del país denunció haber sido objeto de amedrentamiento e intimidación por parte de cuerpos de seguridad del Estado y personal de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), mientras realizaban una manifestación pacífica frente a la sede administrativa de la corporación estatal en La Campiña, Caracas.
Los manifestantes, quienes exigen el cumplimiento de órdenes de reenganche emitidas por el Ministerio del Trabajo, señalaron que la directiva de la estatal petrolera se niega a acatar las resoluciones legales debido a represalias políticas. La concentración, que se mantenía desde el lunes 25 de mayo, culminó bajo coacción cuando los trabajadores fueron forzados a retirarse bajo amenazas de detención.
Exigencia de reenganche laboral ante PDVSA
Los trabajadores afectados se trasladaron a la capital desde localidades petroleras como Puerto La Cruz (Anzoátegui), Maturín y El Tigre (Monagas), y el estado Zulia. El motivo de la movilización responde a la falta de ejecución de las providencias administrativas de reenganche emitidas en los años 2021 y 2022, las cuales no han sido procesadas por la empresa estatal.
Luis Campos, uno de los trabajadores presentes y vocero durante el incidente, explicó los motivos que los llevaron a concentrarse en la sede de La Campiña: “Hoy 26 de mayo del año 2026, acudimos a PDVSA La Campiña a exigir la respuesta de la orden de reenganche emitida por el Ministerio del Trabajo. Hay trabajadores con orden de reenganche y PDVSA no acata la orden por problemas políticos. Yo creo que el problema político de Venezuela ya pasó”.
Campos cuestionó las directrices institucionales sobre la reconciliación laboral vigentes en el discurso oficial del país, haciendo referencia a los pronunciamientos emanados por las comisiones parlamentarias y de diálogo.
“Según la doctora Delcy Rodríguez dice en un comunicado que estamos en un momento de paz y convivencia. No se aplica paz y convivencia para los trabajadores que denunciamos corrupción en su momento. Hay padres de familia con hijos con condiciones especiales y con todo y eso hoy nos mandan más de 400 funcionarios que estamos invadiendo una zona de seguridad del estado simplemente por hacer una protesta pacífica sin romper, sin trancar ninguna calle, solamente con una orden que hicimos viral por los medios de comunicación y así nos paga el gobierno”.
El manifestante detalló que la lista inicial de seguimiento abarca 54 casos específicos de distintas regiones, pero la cifra total de afectados bajo condiciones similares asciende a más de 650 trabajadores. Recordó asimismo que el diputado Ángel Marcano, desde la Comisión de Amnistía, Convivencia y Paz, se había comprometido previamente a ofrecer una respuesta en un lapso de 15 días, un compromiso que sigue sin materializarse.
Intimidación, presencia policial y desalojo de la sede
La jornada de protesta pacífica del martes se tornó tensa ante el despliegue de un contingente de seguridad compuesto por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los denunciantes reportaron el saboteo de sus pancartas por parte de civiles no identificados en horas de la mañana, ante la mirada de los funcionarios actuantes.
Campos relató las irregularidades ocurridas cuando intentaron consignar la documentación legal ante las autoridades del organismo y el personal de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Digcim): “No fuimos agredidos físicamente, pero verbalmente creo que sí, porque si el señor, uno de los efectivos de la Guardia Nacional, tanto de PCP o DCI de PDVSA, le dijimos que estábamos entregando un documento y hoy nos dicen, algunos de ellos en la reunión, que nosotros íbamos a cerrar la calle cuando es totalmente falso. Simplemente hicimos video con nuestros documentos, pero nunca se cerró la calle”.
De acuerdo con el testimonio periodístico recogido en el sitio, los trabajadores fueron conminados a abordar unidades de transporte para ser trasladados a firmar un supuesto acuerdo en una sede policial en La Yaguara, custodiados por un despliegue motorizado. “Había más de 400 motos entre policías y guardias nacionales que lo acompañaron para la Yaguara a firmar un acuerdo. O sea, ¿qué acuerdo tenemos que firmar nosotros en la Policía Nacional Bolivariana si somos extrabajadores PDVSA o trabajadores con un procedimiento legal por el Ministerio del Trabajo? Entonces decidimos bajarnos. El señor dijo que no nos quiere ver mañana por las instalaciones porque, bueno, ya usted se imagina las consecuencias”.
Ante las advertencias y el riesgo percibido para su integridad física, el grupo de trabajadores tomó la decisión de retirarse de las inmediaciones de la corporación.
Despidos por motivos políticos y denuncias de corrupción
Los testimonios presentados exponen que la problemática de los despidos en la principal industria del país responde a dos vertientes: la persecución por razones políticas de larga data y las represalias contra quienes denunciaron irregularidades administrativas internas.
Campos, quien acumulaba más de 20 años de servicio dentro de la estatal y fue desincorporado de sus funciones en el año 2020 sin recibir liquidación formal, declaró sobre el origen de su remoción: “A mí me votaron en el 2020 por denunciar unos gerentes corruptos que fueron presos y unos se fueron del país, entonces dándome la razón a mí, que lo que yo decía no era mentira y con esto me pagaron”.
Asimismo, denunció la vigencia de mecanismos de exclusión laboral por criterios ideológicos dentro de la industria petrolera, vinculados a procesos electorales históricos en Venezuela y a disidencias políticas recientes que involucraron la intervención de organismos de inteligencia en las áreas de trabajo: “Muchos en el 2021, 2022, muchísimos por electoral, por poner una cuestión en el WhatsApp de siete estrellas, de algo político, fueron sacados con el Dgcim de sus áreas de trabajo y hasta ahora estamos esperando respuesta (…) En PDVSA ahorita, cuando el referéndum de Chávez, los que firmaron en contra de ese referéndum, yo fui uno, le soy sincero, no puedo trabajar en PDVSA; me han llamado contratistas y me dicen: ‘No, tú firmaste, no puedes trabajar aquí’, y así muchos trabajadores. O sea, somos profesionales con más de 20 años (…) Lo que llaman la ‘Lista Tascón’ todavía existe en PDVSA. Si alguien dice ‘no, eso es mentira’, yo le puedo decir que sí”.
Los afectados señalaron las dificultades económicas extremas que han atravesado durante estos años de desincorporación forzosa, recurriendo a la economía informal y al comercio independiente para sustentar a sus familias, mientras observan disparidad en el trato hacia otros sectores sindicales vinculados a las organizaciones laborales oficiales del Estado.
