Expertos de Naciones Unidas expresaron este lunes su preocupación por la creciente criminalización de defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en Venezuela, en el marco de la detención arbitraria y la incomunicación del abogado Eduardo Torres, integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Las relatorías de la ONU sobre defensores de derechos humanos, libertad de expresión, independencia de magistrados y abogados, y libertad de reunión y asociación, junto con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, hicieron pública una comunicación enviada al Estado venezolano tras 60 días sin respuesta oficial.
En el documento, los expertos advierten que Torres permanece detenido desde al menos el 9 de mayo de 2025, bajo condiciones de aislamiento que aumentan su riesgo físico y psicológico, lo que constituye una violación de derechos fundamentales.
Asimismo, denuncian la falta de respuesta judicial a los recursos de Habeas Corpus introducidos en tribunales penales de Caracas y la ausencia de avances en el recurso presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que agrava la vulneración al debido proceso.
Preocupación por ataques a ONG
El comunicado también condena los ataques y acusaciones provenientes de altas instancias del poder político contra organizaciones como Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y la propia PROVEA. Según los expertos, estas campañas buscan intimidar, estigmatizar y debilitar al movimiento de derechos humanos en el país.
Advirtieron que la criminalización no solo afecta a personas de manera individual, sino que también alcanza a las organizaciones, lo que restringe de forma severa el espacio cívico en Venezuela.
Exhorto a las autoridades
Los expertos de la ONU recordaron que el Estado venezolano está obligado a garantizar que defensores y defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor sin persecución ni riesgos. En este sentido, exhortaron a las autoridades a:
- Liberar de forma inmediata a Eduardo Torres.
- Poner fin a la persecución contra quienes defienden derechos humanos.
- Asegurar que las organizaciones puedan continuar su labor en condiciones plenas y sin represalias.
“El aislamiento, la falta de acceso a la justicia y la criminalización de la defensa de los derechos humanos representan graves retrocesos en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Venezuela”, advirtieron los relatores.
