Organizaciones civiles y ONG emitieron un comunicado al que se han adherido personalidades y organizaciones civiles exigiendo respeto a los derechos fundamentales de la población
El seguimiento de organismos internacionales que velan por la protección de los derechos humanos es una exigencia de un grupo de organizaciones y personalidades del país en función de garantizar el respeto a la vida y las garantías fundamentales de la población.
En el comunicado llamado “La prioridad es la vida” las organizaciones sociales y ONG venezolanas exigen el “cese al fuego” y un uso proporcionado y diferenciado de la fuerza” en las políticas de seguridad que el Estado ponga en práctica.
En rueda de prensa convocada por Provea y Centro Gumilla los voceros fueron el padre Alfredo Infante, párroco de la parte alta de La Vega, Rafael Uzcátegui de Provea y Verónica Zubillaga de Reacin.
El comunicado hace énfasis en la necesidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones y compromisos adquiridos nacional e internacionalmente “en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil”.
El padre Infante indicó que este documento se plantea como “agenda de temas” que deben trabajados para que “efectivamente se ponga por delante la vioda de los venezolanos”.
Advierten que el fenómeno del desplazamiento interno por causa de la violencia es un problema que agudiza la crisis del país y alimenta las causas de la pobreza.
“Estos hechos están trayendo consecuencias humanitarias serias y agravan el problema. Los desplazamientos tienen un tratamiento desde el punto de vista internacional. El desplazamiento por la violencia deja en desprotección y agudiza los niveles de pobreza”, señaló Alfredo Infante.
Quienes quieran adherirse al comunicado pueden ingresar al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCI8OSInH6dvE6At8pKJduY2Ybmk3Dwj-P4Fe0KTSfnccEwg/viewform?usp=sf_link
Esta es la transcripción íntegra del comunicado
La prioridad es la vida de la gente
Organizaciones sociales y ONG venezolanas:
– Exigimos poner como prioridad la vida de la gente y evitar una masacre en las
comunidades afectadas por la violencia. Solicitamos el acompañamiento de
instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar
la vida e integridad de la población.
– Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido a sus hijos en esta
nueva confrontación armada y en particular con las familias de los funcionarios
policiales que han perdido su vida en estos operativos. Exigimos procesos de
acompañamiento y reparación para ayudar a sobrellevar estas pérdidas.
– Se deben investigar todas las denuncias sobre posibles ejecuciones
extrajudiciales
Con relación a los enfrentamientos ocurridos a partir del día 07.07.21 entre
grupos de la delincuencia organizada y funcionarios policiales en todas las
parroquias del sur-oeste de la ciudad un grupo de organizaciones sociales y de
derechos humanos que venimos trabajando sobre la situación de seguridad
ciudadana, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la vida y
seguridad de sus pobladores e instar a las autoridades a las siguientes medidas
de urgencia y políticas de más largo aliento ante estos recientes hechos:
01
El Estado debe cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en
materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil,
en materias vinculadas con la seguridad ciudadana. Las políticas de “mano
dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron
cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para
responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el
fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento. Ante este
fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a
desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases
a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los
derechos más básicos de la ciudadanía.
Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la
petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y
diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos.
Solicitamos la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a
temas humanitarios, así como a los expertos nacionales y a los miembros de las comunidades,
para el acompañamiento en el diseño de políticas integrales de seguridad
ciudadana y así garantizar la vida y la integridad física de la población. Esta
debe ser una estrategia transparente con la presencia de la iglesia,
comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del
acuerdo.
02
En el corto y mediano plazo se deben diseñar e implementar políticas públicas
integrales que desarrollen, simultáneamente, acciones y planes operativos y
situacionales de contención dentro del marco legal, así como preventivos de más
largo alcance.
Insistimos que cualquier política de seguridad ciudadana debe ser sustentable,
lo que exige la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios para
su implementación. Asimismo, estas políticas requieren ser sometidas a
mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de
amplia participación por parte de la ciudadanía, con líderes legítimos de las
comunidades afectadas y voceros de diferentes lados del espectro político.
03
Las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para
el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los
recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Esto significa mejorar el proceso
de selección y formación de las personas que integran las instituciones
involucradas (fuerzas policiales, sistema de justicia y el sistema
penitenciario), así como asignar los recursos materiales suficientes para
garantizar condiciones laborales y salariales dignas para los funcionarios
policiales, que permitan brindar un servicio de calidad a la población.
Urge asimismo el control de porte de armas entre la población y realizar una
investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar
los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las
instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido
de manera fundamental a la situación que hoy padecemos. Es fundamental retomar
las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la
comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a
los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles,
fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.
04
El fenómeno de la violencia urbana ha ocasionado la aparición del fenómeno de
desplazamiento interno, por parte de familias que quieren escapar de los
enfrentamientos entre bandas antisociales, entre estas y la policía o los
operativos policiales realizados con el uso indiscriminado de la fuerza. En
diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a
precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de
los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes
varones de estos sectores y no su criminalización.
05
Finalmente, exigimos que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad
ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida, la integridad
personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios
internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la
fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley. Tanto el Ministerio Público como la
Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las
diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales,
robos y cualquier otro exceso en el operativo.
