Un total de nueve violaciones a la libertad de expresión fueron documentadas en Venezuela en noviembre pasado, en su mayoría relacionadas con censura y restricciones administrativas, reveló este martes la ONG Espacio Público, que advirtió sobre una baja en los registros por «miedo a represalias«.
Espacio Público señaló que durante 2025 ha registrado 201 violaciones a la libertad de expresión.
«El silencio de las víctimas a causa del miedo a represalias ha marcado una baja en el registro de detenciones arbitrarias, amenazas o cierres de medio», explicó la ONG en el texto publicado en su página web.
Asimismo, advirtió que la mayoría de los victimarios se encuentra en las instituciones del Estado y en las operadoras de telecomunicaciones privadas, una tendencia que, sostuvo, se ha mantenido durante todo 2025.
La organización recordó que el mes pasado fueron excarcelados dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y tres documentalistas audiovisuales detenidos en octubre por grabar material para un documental a las afueras de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).
El pasado 16 de noviembre, relató la organización, un tribunal del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) condenó a 30 años de prisión a la médica Marggie Orozco por -según el informe- «criticar a la Administración de Nicolás Maduro a través de un audio enviado por WhatsApp, en el que presuntamente incitaba a las personas a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024, y donde daba su punto de vista sobre la situación del país».
«Orozco, de 65 años de edad, está detenida desde el 5 de agosto de 2024. Se desempeñaba como médico general con una especialidad en Medicina de Familia y residía en el barrio Cristóbal Colón, en el municipio Ayacucho del estado Táchira», agregó.
Además, el pasado 26 de noviembre, Espacio Público registró el cierre de una emisora en el estado La Guaira (norte) por una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
«Cuatro funcionarios del ente gubernamental se presentaron en las instalaciones, levantaron un acta de clausura y confiscaron equipos de transmisión: enlace, consola, micrófonos y transmisores», apuntó.
