Su situación de salud es delicada y el juicio hay que empezarlo desde cero, señaló Marino Alvarado, directivo de Provea
Quinientos días con sus noches. Son 500 días los que cumple en prisión, este lunes 14 de noviembre, el defensor de derechos humanos Javier Tarazona. Y se encuentra en un limbo legal, como lo denunciaron Marino Alvarado, directivo de Provea, y Clara Ramírez, directora encargada de Fundaredes.
«Su situación de salud es delicada», remarcó Alvarado durante una rueda de prensa realizada en la sede de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv). «Tanto Fundaredes como la familia han solicitado que un médico de confianza lo pueda ver, pero no se le ha permitido».
La causa legal «está paralizada», puntualizó. «De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal en unas determinadas circunstancias el juicio hay que empezarlo de cero. Eso está allí, paralizado».
Alvarado afirmó que hay una figura política vinculada con el gobierno venezolano que podría estar detrás de la detención. «Se puede decir que Javier Tarazona, además de ser un preso de Maduro, es un preso de Rodríguez Chacín. Javier hizo denuncias muy concretas, con pruebas, sobre Rodríguez Chacín y su presunta vinculación con FARC, ELN y otros grupos de la frontera».
Hasta la fecha ninguna organización internacional ha podido ingresar al Helicoide, acotó Ramírez.
Fapuv: Tarazona es un preso de conciencia
En la rueda de prensa estuvieron presentes José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv y Keta Stephany, integrante de la directiva de la Fapuv. «Fapuv lleva tiempo demandando la libertad de Javier Tarazona. Él es un agremiado nuestro: es agremiado de la asociación de profesores de la UPEL y, en consecuencia, agremiado de la Fapuv. También tiene un pasado de trabajo gremial, con el Colegio de Profesores», señaló Stephany.
La profesora subrayó que Tarazona «es un preso político, es un preso de conciencia; él está preso por el trabajo que ha hecho de documentación en la frontera, documentación que forma parte de su línea de investigación en la universidad y en una organización no gubernamental como Fundaredes». También hacía trabajo de extensión, y aportaba elementos para entender la situación de la frontera, reivindicó.
La Fapuv ha enviado comunicaciones solicitando su liberación, indicó Stephany. «Estamos alineados con el trabajo que hace Fundaredes, con el trabajo que hace Provea, con el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos por la libertad de Tarazona».
Stephany insistió en que no hay razón alguna para mantener preso al profesor. «Aún si lo juzgaran él no es un peligro para la sociedad. Todo lo contrario: es alguien beneficioso para la sociedad. No se justifica un juicio en prisión, y ese es un juicio del cual tiene que salir libre».
